Impunidad en ausencia del Estado
Ha sido vergonzoso comprobar la “solidaridad” de perversos congresistas en el pleno que buscaba suspender a la legisladora María Cordero Jon Tay, denunciada por “mochar” el sueldo a trabajadores de su despacho. En la primera votación algunos “padrastros” de la patria, alzando la bandera de la impunidad, la salvaron con sus votos.
Esto desató indignados pronunciamientos de buenos legisladores que frustrados no pudieron alcanzar los 51 votos necesarios para suspenderla. La noticia se viralizó en redes sociales contra el Congreso y la postura de los que blindaron a María Cordero, quienes identificados como “niños”, “mochasueldos”, “viajeros”, etc., son quienes más han contribuido a la mala imagen que la ciudadanía tiene sobre los congresistas.
Finalmente, la vergüenza y el escándalo lograron lo que no pudimos con los votos responsables de una minoría de congresistas que, en el pleno, son avasallados y superados permanentemente por los votos de todos los coludidos con la corrupción y la defensa de sus intereses personales. Esta decisión felizmente pudo ser revertida en una segunda votación, al aprobarse una reconsideración al escrutinio inicial. Así se logró suspender y levantar la inmunidad de la legisladora para que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión.
En el sistema judicial, la impunidad constituye un perjuicio a los peruanos que buscan justicia en los tribunales. La impunidad deja sin castigo o sentencia, con una pena menor, a quien viola la ley. La impunidad afecta principalmente a las víctimas que no reciben de la justicia una reparación por el daño causado.
En nuestro país se viene normalizando que quienes cometen delitos queden sin sanción. Nuestro sistema de justicia luce lento, selectivo y perverso, parece aliado de la corrupción y cómplice del delito.
La impunidad en dos décadas se ha incrementado significativamente. Exijamos soluciones, dentro del marco de la legalidad, que permitan enfrentarla. Esperamos del Congreso y el Ejecutivo, compromiso para legislar, normar y una firme posición para investigar, acusar y sancionar a quienes abusen o no ejerzan el poder conferido para desterrar la impunidad en nuestro sistema de justicia Como sociedad estamos llamados a levantar la voz para denunciarla y ponerla en evidencia.
Ante la desatención del Estado, la rabia e indignación de los afectados por la impunidad, son caldo de cultivo para el descontento social de la ciudadanía. Ellos, desamparados, temerosos, desconfiados, exigen justicia, sanciones y compensaciones.
La impunidad es un hueco enorme en el sistema de justicia por el que la corrupción y la delincuencia escapan. La impunidad es producto de la ausencia del Estado que ha optado por eludir a su responsabilidad de juzgar y sancionar.
La impunidad, junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social, amenaza poderosamente la continuidad de nuestra democracia.
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