Impunidad escandalosa
Aceptemos que en algunos casos en los que no se dio el supuesto de flagrancia delictiva –en cristiano, que no se atrapó al delincuente con las manos en la masa–, se han podido cometer excesos o abusos en la aplicación de la detención preliminar judicial y que, por cierto, deben ser evitados. Muy bien. Sin embargo, nada justifica lo que ocurre al pergeñar estos renglones, y es la grosera complicidad y connivencia entre el Ejecutivo y el Congreso en beneficio de los intereses directos o indirectos de ambos poderes del Estado y de la criminalidad.
Como es público y notorio, el país, cada vez más amenazado por una inseguridad ciudadana desbordada, carece hasta ahora de esta medida de coerción procesal indispensable para asegurar el desarrollo y éxito de las diligencias preliminares de investigación que conduce la Fiscalía con la intervención policial. Esta anomalía jurídica, que en cualquier Estado de Derecho respetable sería inmediatamente corregida, se produjo fruto de un error garrafal del Legislativo y, de paso, del Gobierno al promulgar la Ley N.º 32181 cuyo objetivo era brindar mayor protección al personal de la PNP en su actuación, pero que sospechosamente terminó derogando esta detención para felicidad de los criminales.
Ante tamaño dislate legal que generó el inmediato rechazo de los operadores de justicia y de la opinión pública, al Parlamento no le quedó más que enmendar el disparate y restablecer la medida de marras, enviando la autógrafa de ley a la sucesora presidencial para su inmediata promulgación. Empero, el Ejecutivo, corresponsable de tamaña aberración, en vez de desfacer el entuerto, se ha tomado el mayor tiempo posible y ha acabado observando la recta iniciativa bajo el pretexto de que el dictado de la misma debe restringirse únicamente para los casos de delitos sancionados con penas privativas de libertad de ocho años a más. Otra vez en cristiano: si el Parlamento se allana a este despropósito, quedarán excluidos de la urgente medida prácticamente la totalidad de los ilícitos penales por los que hoy se hallan imputados allegados, funcionarios y servidores de los Palacios ubicados en la Plaza Mayor y la de Bolívar, respectivamente, y Dios sabe qué sinnúmero de corruptos y facinerosos de toda ralea. Lo peor es que hoy el Pleno del Congreso se encuentra en receso y las señales para superar este bochornoso impasse no son las mejores.
Digámoslo claro: este solo escándalo, en una Democracia con mayúsculas, sería suficiente para defenestrar a todos los responsables del vergonzoso desaguisado, aunque, visto lo visto, pareciera que la desagradable función seguirá hasta julio de 2026. Si a los Padres y Madres de la Patria les queda sangre en la cara, debieran, al menos y sobre la marcha, insistir en la pronta vigencia de la citada y debida detención preliminar judicial. Los peruanos de bien se lo agradecerían. ¡AMÉN!
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