Inadmisible perversión dentro de la JNJ

Tras entrar en funciones desde su fundación en febrero de 2019, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura CNM, sólo ha avanzado en un sentido: acumular y ejercer, cada día, mayor poderío po-lí-ti-co, chantajeando a todos los demás órganos del Estado a través del Poder Judicial y del Ministerio Público bajo su férreo control.

Semejante atrevimiento implica que una organización criminal controla la vida y salud de los peruanos. Realidad que cada ciudadano reprueba, día a día, cuando ve que la Fiscalía de la Nación y el poder Judicial son utilizados por la JNJ con propósitos de chantaje político, violentando los objetivos fijados por sus estatutos.

Veamos. Sistemáticamente, desde febrero de 2019 la JNJ incumple sus obligaciones. Primero, ignorando que tiene la exclusiva obligación constitucional de designar, previo concurso de méritos y una evaluación personal –con voto motivado– a los jueces y fiscales de todos los niveles y asimismo ratificar cada siete años; segundo, destituir a los jueces de la Corte Suprema y Superior que violen sus obligaciones; y tercero, a pedido de la Corte Suprema y/o de la Junta de Fiscales Supremos, hacer lo propio con los demás magistrados y fiscales.

También, junto con la Academia de la Magistratura, cada tres años y medio debería evaluar el desempeño de la totalidad de los jueces y fiscales de ambos niveles, precisando que los no ratificados y/o destituidos no podrán regresar al poder Judicial ni al Ministerio Público. ¡Nada de esto ha hecho!

Entonces, ¿qué ha hecho la JNJ en estos cinco años de funciones? Apoderarse del control del Estado apelando al chantaje político. Tanto que más de la mitad de la Suprema continúa integrada por jueces provisionales; igual ocurre con los fiscales supremos adjuntos. Excepcionalmente, el 14 de junio de 2023 juraron como fiscales supremos Patricia Benavides y Juan Carlos Villena Campana. La primera, todavía Fiscal de la Nación suspendida; y el segundo, Fiscal de la Nación en funciones.

Es evidente que el mayor problema que azota a nuestra Justicia lo perpetúa la JNJ. Hablamos de la provisionalidad de miles de jueces y vocales que permanecen, por décadas, ejerciendo en sus mismos despachos temporales. Nada ha hecho pues la JNJ por eliminar de nuestro sistema de Justicia semejante perversión; siendo ésta su principal obligación.

¡Consecuentemente, desde todo punto de vista, la JNJ ha fracasado, alentando que terceros manipulan la Justicia sometiendo al país a seguir en el espacio depravado de los magistrados provisionales, contraviniendo su propia esencia. ¡Semejante tara corroe la convivencia ciudadana! Además, en su mayoría son principalmente jueces provisionales quienes permanecen dictando sentencias, generalmente ajenas al Derecho y pisoteando el criterio de conciencia.

La razón es simple. Los fiscales y jueces provisionales aceptan aplicar las directivas que reciben de la JNJ, bajo condición sine qua non que ella continúe “asegurándoles” el futuro temporal de su carrera judicial.
Si el Congreso respetara mínimamente a la ciudadanía, debería destituir en el acto a quienes forman parte de la JNJ, reemplazándolos por los mejores juristas del país.

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