Incoherencia diplomática
El Presidente de la República, entre otras atribuciones establecidas por la Constitución, goza y ejerce la de nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso. Conforme a la Ley del Servicio Diplomático, hasta el 20% de tales nombramientos puede ser de personas que no sean miembros de dicho servicio, es decir los llamados embajadores políticos o de confianza del jefe de Estado. Esto es legal y, en general, ocurre a nivel mundial. Sin embargo, la designación que se acaba de realizar del cuestionado ex premier Zevallos como Representante Permanente del Perú ante la OEA no sólo es incoherente sino un desatino político.
Cuando el Primer Mandatario asumió la jefatura de la Nación –y preferimos omitir las penosas circunstancias que facilitaron este hecho- manifestó urbi et orbi su voluntad de dejar sin efecto los nombramientos de embajadores políticos al punto que efectuó una razzia de todos aquellos designados por su antecesor sin importar su idoneidad y méritos y, en adelante, venía nombrando únicamente a miembros del Cuerpo Diplomático. Empero, ahora a menos de un año de dejar el cargo designa a alguien ajeno a Torre Tagle de discutida gestión pública y cuya idoneidad es más que dudosa. Esta suerte de inmerecido “premio” por no decir otra cosa, resulta incoherente y, peor, un disparate que mella la representación del país en el máximo organismo regional y que genera suspicacia.
En vez de seguir disparándose a los pies, el Ejecutivo debiera preocuparse por enmendar las injusticias que existen en Cancillería como el no pago de la deuda por CTS a los diplomáticos abusivamente cesados por el fujimontesinismo en 1992 o la que se comete con un embajador destituido víctima de un presunto complot institucional. ¡AMEN!
