Ineptos, populistas y autoritarios
Al parecer ni siquiera los integrantes del Gobierno entienden cuál es el alcance real de sus propuestas sobre reforma política. Por ejemplo, esta semana el ministro de Economía declaró que si la reforma no es aprobada nuestra economía no podrá crecer por encima del 4 % (El Peruano 29.05.19).
No cabe duda que la reforma política es importante, pero tampoco hay que sobredimensionar sus bondades. En ese contexto, sería interesante que el ministro Oliva explique cómo así las cinco reformas que pretende imponer el presidente Vizcarra harán que el Perú se transforme mágicamente en un país desarrollado.
Pregunto: ¿Precisar los alcances de la inmunidad parlamentaria reactivará nuestra alicaída economía? ¿Acaso impedir que los sentenciados en primera instancia postulen a cargos de elección popular generará nuevos puestos de trabajo formal? ¿Eliminar el voto preferencial atraerá mayores inversiones privadas o dinamizará la aletargada inversión pública? ¿La paridad alternada en procesos electorales reconstruirá el norte, el sur o el oriente de nuestro país?
La respuesta es no. Pero en el supuesto negado que lo afirmado por el ministro de Economía tuviese algún asidero, alguien tendría que explicarle que, de aprobarse las reformas, sus milagrosos efectos se verían recién a partir del 2021.
Si el crecimiento económico y demás temas están condicionados a la aprobación de la reforma política, entonces no necesitamos malgastar recursos públicos en mantener a extras de película que fungen de ministros de Estado.
Y así como no se debe caer en el populismo, tampoco se debe abusar del poder político, económico y mediático para imponer las reformas, pues estas deben ser fruto del debate y del consenso político y no de amenazar con disolver un poder del Estado si no hacen lo que Martín Vizcarra ordena.
Es cierto que los artículos 133 y 134 de nuestra Constitución Política habilitan al Gobierno a plantear una cuestión de confianza sobre temas de su competencia y si esa confianza le es negada en dos oportunidades consecutivas, el mandatario está facultado a disolver el Congreso.
Empero, la Constitución también establece límites a esta prerrogativa del gobernante, por ejemplo, cuando en su artículo 93 señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, por ende, no hay cuestión de confianza que valga que los obligue a aprobar una reforma constitucional en el sentido que exige la altanería autoritaria del Poder Ejecutivo.
La cuestión de confianza planteada por el Gobierno es inconstitucional y golpista, pues pretende reducir la discusión a que el Congreso renuncie a sus fueros y se someta a los caprichos de Palacio de Gobierno bajo pena de ser disueltos ipso facto.
Una lástima por nuestro Perú…
