Inexplicable indecisión gubernamental sobre lotes petroleros
Las alertas sobre el vencimiento de plazos para la toma de decisiones por parte de la agencia estatal Perupetro, para definir la manera como se otorgarán los contratos de lotes petroleros que se vencen este año, son múltiples, incluido un informe del pasado mes de febrero de su Órgano de Control Institucional (OCI)-N° 002-2023-OCI/4654-SOO-, que calificó el estado de las cosas como una "situación adversa identificada".
La dirección de Perupetro ha respondido afirmando que, por acuerdo de directorio de octubre de 2021, están "evaluando alternativas de reconfiguración de los lotes". Está de más decir que ha pasado más del tiempo suficiente para que esta tarea haya sido culminada hace buen tiempo.
La OCI, que responde a la Contraloría General de la República (CGR), en el informe mencionado señala que hay poquísimo tiempo para tener nuevos contratos por cualquiera de los caminos que permite la legislación -artículo 11 Ley 26221-: por negociación directa o por concurso.
Es oportuno recordar que, en los procesos de competencia de los años 2007, 2008 y 2010, donde se otorgaron 44 contratos de áreas exploratorias, el plazo entre la convocatoria y la buena pro fue de 5 meses como máximo. Siendo el modelo de contrato previamente conocido, la aprobación por parte de los Ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas se puede hacer sin mayor problema en un mes.
Esto significa que, si convocan en abril, llegarían a octubre con el contratista seleccionado expedito para operar, eliminando el riesgo de paralización.
Los lotes cuyos contratos vencen este año son cuatro, dos de licencia de explotación: I y VI/VII y dos de servicios: V y Z-2B, que en conjunto suministran en promedio 9,500 barriles diarios -23 % del total nacional- y que en un periodo anual, a un precio medio del crudo de 70 US$/barril, aportarían al fisco 107 millones de dólares.
La duda hamletiana en el Gobierno es: otorgar los lotes a Petroperú, o a un privado que puede estar asociado o no con la petrolera estatal. Es una decisión que debe tomarse con racionalidad económica y financiera, pero lo peor que se puede hacer es decidir con plazos vencidos y con direccionalidad específica, que será parte del pasivo que va acumulando la mandataria Dina Boluarte.
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