Infame ataque de la ONU al Perú

El Perú ha promulgado una norma que modifica la Ley N.º 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta exige a las organizaciones no gubernamentales ONG —que reciben cooperación internacional no reembolsable— registrar y sustentar detalladamente en un sistema público accesible, el destino de los fondos foráneos recibidos, así como sus planes, proyectos y gastos. La norma busca promover la transparencia, la seguridad pública y supervisar el ingreso de recursos internacionales.
Las ONG se oponen, alegando falta de autonomía y libertad, aduciendo que podría limitar su independencia al someter sus actividades a una supervisión estatal “más estricta”, que podría interpretarse como pretensión de restringir su libertad en temas sensibles como los derechos humanos y la justicia social, “y pueda ser utilizada de manera arbitraria para silenciar a quienes critican al gobierno o denuncian violaciones de derechos humanos, incluyendo restricciones a su participación en protestas o en acciones legales contra el Estado”. También alegan que registrar y detallar sus planes, proyectos y gastos “podría representar una carga burocrática significativa para sus organizaciones,” llegando al delirio de rechazarla por “inconstitucional” porque algunos “expertos” señalan que podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión (¿?).
Sin embargo, leyes semejantes sí existen en Estados Unidos, donde las ONG deben cumplir con muy estrictos requisitos de transparencia financiera, y presentar informes detallados al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Además, las organizaciones que reciben fondos del extranjero están sujetas a regulaciones adicionales. Reino Unido: las ONG las regula la Charity Commission, que exige informes financieros anuales y auditorías para garantizar el uso adecuado de los fondos. Asimismo, existen leyes similares en Canadá, la India y muchísimos países. En Latinoamérica la ley se aplica en Argentina, Brasil y Chile, donde marcos legales regulan todas las actividades de las ONG. En el resto de Latinoamérica, Argentina regula a las ONG mediante el Código Civil y Comercial, manteniéndolas obligadas a registrarse en la Inspección General de Justicia (IGJ) y obligadas a presentar informes financieros anuales. Asimismo, Brasil exige a las ONG cumplir con requisitos de transparencia y rendición de cuentas anuales.
Entonces, ¿por qué demonios se ceba la ONU con el Perú, lanzándose un brulote monumental, al ponernos como energúmenos cuando lo que hemos hecho es defendernos del ataque de las ONG, tanto locales como transnacionales, que insisten en adueñarse de nuestro país, justamente imponiendo sus actividades opacas, politizadas y absolutamente al margen de toda fiscalización? Sin lugar a dudas, las ONG más poderosas han ejercido —y siguen haciéndolo— una vehemente defensa del terrorismo, tanto de Sendero Luminoso como MRTA. Consecuentemente, a la ONU se le nota descaradamente el fustán socialista, negándose a perder el control del Ministerio Público y el Poder Judicial peruano, que desde hace mucho tiempo se encuentra secuestrado por las ONG, cuyo portaestandarte local es el inefable caviar Gustavo Gorriti.
Basta de prepotencias, señoritos de la ONU. Su indisimulado respaldo a la subversión peruana tiene enorme responsabilidad sobre los niveles de inseguridad ciudadana que, crecientemente, vienen amenazando a los peruanos.

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