Infame pacto secreto: ¿hasta cuándo?

¿Es posible que un par de fiscales carentes de toda confianza ante la opinión pública –llamados José Domingo Pérez Gómez y Rafael Ernesto Vela Barba– designados a dedo por un cuestionado Fiscal de la Nación como Pablo Sánchez –para abocarse en exclusividad a perseguir la corrupción– acaben enredados en gravísimos problemas –públicamente conocidos– por su inconducta al servicio de la sociedad? Peor aún, ¿es tolerable que estos dos sujetos sean las únicas personas –en todo el país– que conozcan el contenido, así como las condiciones mediante las que –por primera vez en nuestra historia– la Justicia pactó un arreglo denominado Acuerdo Secreto entre delincuentes (Odebrecht) y el Ministerio Público? ¡Tampoco! Inclusive, ¿es dable que estos sujetos –Pérez/Vela– sean los únicos peruanos autorizados por la Fiscalía de la Nación para conocer los entretelones de la multimillonaria estafa que cometió Odebrecht, fruto de contratos cuyos anexos presupuestales fueron multiplicados sin justificación alguna, gracias a las dolosas inconductas de sendos presidentes de la República, ministros, congresistas y una gama de miserables vendidos a la constructora brasileña, a cambio de recibir una parte de las prebendas que Odebrecht le robó al Perú vía sobrecostos, adendas ficticias, etc? La respuesta nuevamente es NO. ¡Pues resulta que sí ha sido posible! ¡Por cierto, nadie sabe por qué! Pues la verdad es que en torno al escándalo Lava Jato se esconde una monumental estafa, por la que mucha gente –de la élite local– se prestó a estafar a su nación, para beneficiarse del reparto de una multimillonaria coima que compartió Odebrecht. Tanto para enriquecerse como para enriquecer a toda aquella cómplice morralla criminal de cuello y corbata. ¡Pero una cosa es que sea posible y otra –muy diferente– es que sea legal! A juicio de los principales especialistas en estas materias, se trata de un colosal atentado contra la Justicia que necesita ser denunciado ante los tribunales, cuyos efectos no pueden ni deben ser tolerados un minuto más.
¿Qué espera entonces el presidente del Congreso para denunciar al Fiscal de la Nación –así como a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez– y poner coto a semejante atentado contra los intereses del Estado? ¿Qué cree ese ciudadano apellidado Villena que, accidental –pero sonrientemente– aceptó el cargo de jefe del Ministerio Público, pero que a lo largo de los meses sigue encubriendo semejante asalto a los intereses del país? ¿Acaso Villena se ha convertido en cómplice de sus antecesores en el cargo, encubriendo a Vela y Pérez, espurios guardianes de un secreto que desconocen el jefe del Estado, sus ministros, los legisladores, etc.? ¿En qué piensa el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana? Porque permitiendo semejante atentado contra el Estado –siendo cabeza del Parlamento– su silencio lo hace pasible de graves responsabilidades, civiles y penales.
Este escriba viene demandando hace años la exhibición de aquel pacto infame que suscribieron los fiscaletes Vela y Pérez; sin embargo, ambos –protegidos por sus superiores– hacen caso omiso ante un reclamo que busca acabar con semejante agresión que viola el patrimonio de todos los peruanos. ¿Hasta cuándo?

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