¿Inmunidad, impunidad y extorsión en los acuerdos de la Fiscalía y Procuraduría peruanas con Odebrecht?

Hace unos días, los medios de comunicación informaron sobre la decisión judicial que imponía la medida de prisión preventiva al alto funcionario de Odebrecht, Jorge Barata, de nacionalidad y actual domicilio brasileños. Medida que es más que probable no será ejecutada, dado que Brasil no extradita a sus nacionales.
Ubicada la resolución a través de los enlaces publicados, surgió una duda inmediata: ¿será esa la resolución mencionada? En efecto, aparece fechada el 7 de octubre de 2023, sí, de 2023, lo que sin duda es un error material, ya que, revisado su contenido, la decisión judicial se basa en un pedido fiscal de julio de 2024 y en sesiones de audiencia pública de setiembre de 2024.
A la duda se sumó luego mi asombro al ver que, además del entreguista Acuerdo de Colaboración Eficaz celebrado por los fiscales Pérez Gómez y Vela Barba y el procurador Ramírez con Odebrecht y sus funcionarios, y homologado por resolución judicial del 17 de junio de 2019, en los siguientes tres años (julio de 2019 a diciembre de 2022), se han firmado seis acuerdos más, raramente llamados “entre los Estados de Perú y Brasil”, pero en los que actúan los fiscales y el procurador antes mencionados, a los que en algún caso se suma la fiscal provincial Mori Gómez, junto a funcionarios de la fiscalía brasileña y, por supuesto, representantes de Odebrecht y el mismo Barata. Todos esos “acuerdos” están referidos a Odebrecht y a Barata.
Aparte de llamar la atención tanto “acuerdo”, para nada eficiente o favorable al Perú, pero sí muy favorable para Odebrecht, Barata y otros, resulta casi obsceno —en su acepción de repulsivo— que el propio Barata se apoye en dichos “acuerdos” para alegar tener “inmunidad judicial”, es decir, ser intocable absoluto para la justicia peruana.
Es así que Barata alega que no puede ser incluido en la investigación de los casos del Gasoducto Andino del Sur —”Proyecto Kuntur”— y del Gasoducto Sur Peruano, de presunta corrupción que alcanza a la pareja cogobernante Humala-Heredia.
Ahora bien, como si no bastara lo ya señalado, consta en la resolución que comentamos que un molesto Barata acusa prácticamente de extorsión a sus antiguos concelebrantes de acuerdos.
Sin duda, no solo Barata pretende inmunidad/impunidad. Aquí en Perú, mientras no sean investigados y castigados, ya la tienen conseguida quienes fueron sus contrapartes en los entreguistas “acuerdos”.

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