Inocentes presos, ¡libertad!

El leal entusiasmo con que personas de todos los rincones del país activan insistentemente en favor de la libertad del ex presidente de la República A. Fujimori, lleva a reflexionar sobre un hecho real que padece el Perú y que no es consistente con una sociedad políticamente organizada que aspira a ser una democracia regida por el Derecho y en la que el Estado actúa en busca del Bien Común como su razón de ser.

En el Perú no solo está preso el ex presidente Fujimori, pese a ser inocente ya que está más que probado que se le declaró culpable de delito de homicidio, lesiones, y otros, recurriendo a la técnica de la autoría mediata, o atribución de responsabilidad por supuestamente controlar a los autores directos o materiales del delito, al no existir una sola prueba de su culpabilidad. Al ser presidente “debía saber”.

Y como ante la CIDH los gobiernos de Paniagua y Toledo se allanaron y aceptaron la responsabilidad del Estado, ni siquiera se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los casos a nivel interno.

Están ahí para ser recuperados por especialistas en informática (aunque el juez haya cerrado la cuenta y desaparecido el equipo utilizado), los correos electrónicos que prueban como se urdió el abuso, precisamente por no existir prueba de la culpabilidad del ex presidente.

Si bien el caso de A. Fujimori resulta emblemático al tratarse del mandatario que la población califica como el mejor que haya conocido el Perú en toda su historia, existen miles de otros peruanos que permanecen privados de su libertad, en condiciones de hacinamiento que violenta toda dignidad humana y por largos años, pese a ser inocentes o incluso no tener siquiera sentencia condenatoria.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no solo por tener a su cargo los establecimientos penales y la coordinación directa con el Poder Judicial y el Ministerio Público sino, sobre todo, por ocuparse, supuestamente, de los derechos fundamentales, debería poner en acto, con carácter de prioridad nacional, una cruzada y una institución dedicada a facilitar a los internos no solo el acceso a una pronta definición de su situación jurídica - lo que también beneficiaría a las probables victimas de esos detenidos- sino, sobre todo para la adecuada defensa en los procesos penales y la revisión de las sentencias judiciales condenatorias.

En este esquema podrían participar las instituciones educativas que forman abogados y los colegios profesionales vinculados a las disciplinas relacionadas a los casos. La prisión de inocentes amenaza nuestra propia libertad.

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