Inseguridad ciudadana: de las estadísticas a la acción

Las informaciones de prensa que venimos conociendo en los últimos meses, en relación con el incremento incontrolable de la actividad delincuencial, han dado lugar a que la ciudadanía, cada vez más, se sienta desprotegida por la acción gubernamental. Este es un problema que ha llevado a una labor permanente de los analistas y estadistas, quienes, con sus comentarios y cálculos de proyecciones, nos demuestran el alto nivel de desconcierto e insatisfacción que la población peruana tiene respecto a lo que se ha hecho o dejado de hacer para procurar revertir esa realidad.
Como consecuencia de haber identificado los diversos tipos de delitos que a diario se cometen, y que obligan al común de las personas a cambiar sus costumbres para no exponerse a ser víctimas, directa o indirectamente, de las consecuencias que se derivan de ellos, se han dado a conocer estadísticas que, se supone, deberían merecer la mayor preocupación de las autoridades, en todos los niveles y especialidades.
En la búsqueda de identificar a las autoridades responsables, se culpa a los ministros del Interior, a los fiscales, a los jueces y, lo que es peor, entre ellos se culpan mutuamente por su acción o inacción que no permite revertir ese nefasto panorama que hoy nos acompaña en nuestro diario vivir.
Razón por la cual, debemos pasar del análisis a la acción, pero de forma coordinada y planificada; ello significa tener presente, entre otras consideraciones, las siguientes:
El trabajo debe ser, necesariamente, interinstitucional; es decir, deben “sentarse” a “conversar”, para concertar acciones, los representantes del Poder Ejecutivo (ministros de Estado), del Poder Legislativo, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la academia (Facultades de Derecho y Ciencias Sociales) y, especialmente, de la ciudadanía (de los sectores poblacionales más vulnerables a la acción delincuencial).
Revisar experiencias que se hayan puesto en práctica en el extranjero y que hayan obtenido resultados favorables en su lucha contra la delincuencia y, asimismo, escuchar a quienes han intervenido directamente en su implementación.
Como el poder de policía, del cual el Estado se vale para actuar contra la inseguridad ciudadana, debe incrementarse sustancialmente, pero con la debida preparación, el número de efectivos policiales, lo que permitirá contar con personal idóneo y suficiente para copar todas las zonas más afectadas durante las 24 horas del día.
Siendo el factor económico un elemento fundamental para la implementación de cualquier acción a llevarse a cabo, debe haber una decisión política que permita un considerable aumento del presupuesto, a fin de mejorar las remuneraciones de los miembros de la Policía Nacional y, asimismo, conseguir la adquisición de material logístico, en número y calidad, que permita a la autoridad policial contar con los instrumentos necesarios en su lucha contra este mal que carcome nuestra estructura social.
Siendo el tiempo un factor determinante, esta labor de coordinación no debe durar más de un mes. No podemos seguir esperando más tiempo. A este respecto, además, se recomienda que la intervención de las personas que representen a los diferentes entes en dichas conversaciones lo hagan ad honorem y, lo que es más, no debe ser necesario personal administrativo, ya que las acciones concretas a aplicarse deben estar contenidas únicamente en una carilla de papel. Ya estamos cansados de tanto palabreo.
En consecuencia, de una forma seria y responsable, de una vez por todas, comencemos a preocuparnos por lo que lamentablemente acontece en nuestro país, que tanto exige de nosotros, a fin de avizorar un panorama mejor del que nos encontramos.

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