Insolencia de la corrompedora OAS
La corrompedora OAS tiene la insolencia de quejarse expresando preocupación por la inseguridad jurídica de los pactos a los que pueda llegar con la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría del Perú, en referencia al proceso de colaboración eficaz que intenta suscribir con el Estado peruano. Semejante “protesta” la hizo pública esta sobornadora empresa constructora el mismo día en que se iniciaba la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. El objetivo no era otro que arrinconar a los legisladores de la oposición de nuestro país; en paralelo, fortalecer la postura de palacio de gobierno maniobrada a través de un Ministerio Público (al que tiene secuestrado tras la maroma del presidente Vizcarra para defenestrar al ex Fiscal de la Nación Chávarry, en un acto de descarado intervencionismo de poderes); y finalmente de esta manera soslayar la censura al ministro Zeballos lo que permitiría consolidar aquel modelo de rendición del Estado peruano, plasmado en ese tramposo acuerdo que la Fiscalía y la Procuraduría han concertado con Odebretch, otra también sobornadora empresa de la construcción.
Pongamos en contexto la insolencia de la corrompedora OAS. Roberto Trombeta, alto ejecutivo de ésta, confesó haber desviado US$6´000,000 para pagar sobornos. Esto como aperitivo. Vamos más allá. En febrero 2013 OAS firmó una adenda del contrato Línea Amarilla (LAMSAC) con el Municipio de Lima, siendo alcaldesa Susana Villarán. Esta adenda extendió de 30 a 40 años el plazo de concesión de una ruta sumamente rentable –para el concesionario- que obliga a los limeños a pagar uno de los peajes más caros del planeta. Hay más. El contrato inicial, suscrito en 2006, estableció que los usuarios recién empezarían a pagar peaje cuando el avance de la obra alcanzara 70% del total. Sin embargo la adenda de marras rebajó dicho período a 25%, con lo cual Villarán benefició de manera escandalosa a OAS, favoreciéndola doblemente al adelantarle el cobro de utilidades mucho antes de tiempo, además de prolongarle 33% el plazo de vigencia de la concesión. Inclusive Villarán dispuso que la municipalidad transfiriese US$74.5 millones a OAS de un fideicomiso que garantizaba la ejecución de dicha obra, bastante antes de que ésta concluyera. Como contrapartida OAS debía aumentar su inversión en éste proyecto de US$480 millones a US$700 millones. No existen registros de que cumpliera esto último. Sin embargo, apenas tres años después OAS vendía LAMSAC a la francesa Vinci por la friolera de US$1,500 millones. Un beneficio fenomenal para OAS, y un perjuicio enorme para los limeños, que seguirán pagando el peaje más caro de la historia durante cuatro décadas. Incluso, ya enterada la Fiscalía de que OAS estaba investigada por corrupción, no dispuso intervenirla para retenerle los fondos de aquella provechosísima compra-venta. Como corolario, OAS se llevó esos US$1,500 millones, Susana Villarán sigue circulando libremente por las calles, y Lima se quedó clavada con un contrato absolutamente pernicioso para su población.
Con semejante conducta delictiva, OAS –cuyo alto ejecutivo confirmó haber repartido (al menos) US$6´000,00 en sobornos- tiene la insolencia de cuestionar la seguridad jurídica en el Perú.
