Integridad y ciudadanía

Bajo el contexto peruano, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción define a la corrupción como “El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales”, por lo que resulta importante que los Estados adopten medidas que promuevan la integridad pública para combatir la corrupción, las cuales deben partir por analizar y comprender la relación entre el Estado y los particulares, entendiendo que son los ciudadanos los que confían su representación, así como la gestión de sus necesidades e intereses, al Estado que debe cumplir las funciones delegadas por y en favor de los intereses de los ciudadanos.
El sector público está constituido por las instituciones que concentran poderes, competencias y funciones, las cuales obedecen a los intereses y necesidades de los ciudadanos, actuando en su beneficio. Y, justamente, el Estado responde a estos fines.
De acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución Política del Perú, tanto los políticos que ocupan cargos de funcionarios con poder de decisión como los trabajadores públicos (funcionarios y servidores) están al servicio de los ciudadanos.
¿Sin embargo, qué incentivos tiene la ciudadanía para ser parte de la fiscalización ciudadana?
Exigimos transparencia a las instituciones, pero no nos involucramos en el proceso. No estamos acostumbrados a interesarnos por los problemas del país, el gasto público no lo conocemos y no hacemos nada por procurarnos esa información. No activamos los mecanismos que la Constitución y la ley nos habilitan; solamente esperamos que alguien más lo haga por nosotros.
Si las instituciones competentes encontraran la forma de crear incentivos para que la ciudadanía organizada se involucre en el sistema de integridad, los resultados de la política pública de lucha contra la corrupción serían, por lo menos, alentadores.
De otro lado, es importante que al momento de diseñar estrategias o medidas para combatir la corrupción, se piense desde la teoría del principal-agente, pues mientras del lado de los servidores y funcionarios (agente), estos tienen más incentivos para preferir sus intereses particulares antes que el bien público, del lado de los ciudadanos (principal), los incentivos son perversos (no les reciben las denuncias, no conocen los canales de transparencia, los costos de organizarse y de conseguir la información), lo que los desalienta a ser parte de la solución. Esta inacción también es parte del problema.
Finalmente, las medidas de integridad y de lucha contra la corrupción deben considerar también los costos de mantener puestos de trabajo a pesar de un mal desempeño, así como las pérdidas generadas por los actos de corrupción, los cuales se traducen en pagos, privilegios, reconocimientos, prerrogativas y derechos reconocidos o asignados injustamente por los ciudadanos que, con sus impuestos, asumen los delitos de los corruptos.

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