Inteligencia artificial y profesionalización de la contratación pública: ¿competencia para la mejora de la ‘compra pública’?

En la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde el 22 de abril de 2025 se ha establecido como uno de sus enfoques, la “profesionalización de la Contratación Pública”. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando hablamos de enfoque, nos estamos refiriendo a un punto de concentración; de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española – haciendo referencia al término, “enfocar” – tenemos que se trata de “dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente”.
Siendo esto así, el enfoque de la “profesionalización de la contratación pública” recogida en la regulación vigente, implica la promoción de estrategias integrales y dinámicas de los compradores públicos para la mejora continua de la contratación pública, generando espacios de capacitación, entrenamiento y certificación para la conformación de equipos especializados en todas las Entidades contratantes; reduciendo los riesgos y garantizando la seguridad jurídica, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos .
En ese sentido, se advierte que con este enfoque se pretendería dar atención a los desafíos tradicionales de la Contratación Pública, como son la burocracia, la disparidad en capacidades institucionales (déficit de personal capacitado o infraestructura tecnológica limitada, principalmente en gobiernos locales), la falta de trazabilidad y control oportuno, así como la resistencia al cambio y la cultura institucionalizada.
De esta manera, el marco regulatorio vigente ha apostado por la “profesionalización” como un mecanismo para mejorar la “compra pública”; sin embargo, este enfoque – aun cuando loable – enfrenta límites estructurales, como la rotación de personal, la escasa inversión en capacitación, presiones políticas y las notables desigualdades que existen entre regiones y gobiernos locales respecto a lo que ocurre en la capital; además del temor – siempre fundado – a las acciones de control por parte de la Contraloría (aún cuando las decisiones de quienes se encargan de la compra pública se encuentre debidamente justificada).
Siendo este el escenario, ¿Qué debemos hacer para mejorar la “compra pública”? Y tal vez la solución no esté muy lejos. Me refiero a la Inteligencia Artificial (IA).
Antes de abordar esta propuesta, creo que debemos practicar una definición de IA en términos sencillos; para ello, debemos partir señalando que la IA es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico .
Siendo esto así, la IA se puede convertir en un potente aliado para mejorar la “compra pública”, dirigiendo principalmente su uso a la automatización de tareas repetitivas (validación y revisión de documentos, control de plazos y de requisitos, lo cual reduce horas hombre), en un análisis predictivo (identificando riesgos) y la optimización de decisiones (para la selección de proveedores, evaluando objetivamente las propuestas, evitando conflictos de interés o eventuales escenarios de corrupción y simulando escenarios con resultados más eficientes).
Pareciera que, de esta manera, la IA reemplazará al factor humano; razón por la cual, resulta cuando menos entendible la resistencia a su uso, implementación y aceptación. Sin embargo, la IA no reemplaza la “profesionalización”, sino que la potencia. Mientras que la IA ofrece velocidad en el análisis de grandes volúmenes de información, además de automatizar tareas, el factor humano aporta juicio ético y adaptabilidad frente a casos o situaciones excepcionales (debidamente justificadas), que un algoritmo no advertiría sin supervisión humana adecuada (y capacitada).
En buena cuenta, no se tratan de rivales, sino de potenciales aliados en beneficio de la “compra pública”; sin embargo, esta propuesta debe ir de la mano con una estrategia para aprovechar la sinergia que de esta conjunción se puede lograr.
La implementación de la IA sin una estrategia puede ser peor que la situación que se quiere enfrentar, pues, estaríamos dejando al azar decisiones que involucran fondos públicos, a un algoritmo que debe ir de la mano con una supervisión humana; pues, de otro modo, ¿quién supervisaría al algoritmo?
Tal vez esta propuesta de sinergia resulte un tanto ambiciosa, considerando que la tecnología proveniente de la IA, recién se está abriendo campo en algunos sectores en nuestro país (los sectores que tradicionalmente la emplean son retail, financiero, marketing); no tenemos una estrategia institucional (y nacional) para su uso; hay escasa inversión en startups en comparación con estándares internacional; y, la oferta académica para su uso aún es emergente.
En ese sentido, de darse una oportunidad para el uso de IA en la Contratación Pública, creemos que sería necesario tomar en cuenta lo siguiente: (i) Debemos repensar el perfil profesional del “Comprador Público”, no sólo alguien que conozca del sistema de abastecimiento, sino alguien que pueda hacer uso de la tecnología (no le huya y que tenga la capacidad de adaptarse a los cambios que esta trae); (ii) Crear un observatorio de IA en Contratación Pública, para ir mejorando las ideas, propuestas, acciones y mediciones que se puedan hacer; (iii) Implementar una política integradora e inclusiva en el uso de la IA; y, (iv) Fomentar alianzas y estrategias con quienes ya tienen conocimiento sobre la IA, pues, se debe aprender de quienes ya saben, para evitar errores y optimizar los procesos de toma de decisiones.
En ese sentido, si queremos dar una revolución a la “compra pública” y “modernizarla” se requiere complementar al perfil “profesional” del “comprador público”, el uso de herramientas tecnológicas como la IA; se deben exigir profesionales capacitados para trabajar con algoritmos, no en contra de ellos, pues no es una competencia sino, una complementación de habilidades.
Al final, quien debe ganar es el país.

Autor: Manuel F. Nagatome Espinoza, Abogado Asociado del Área de Contratación Pública, Arbitraje y Derecho Administrativo de Torres y Torres Lara Abogados

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