¿Intervención militar en Venezuela?
Cumpliendo órdenes del dictador Maduro, los militares han colocado gigantescos contenedores en la autopista que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado de Tachira de Venezuela, para impedir el traslado de 60 toneladas de alimentos y medicinas de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.
Este acto de perversidad seguramente quedará registrado en el libro de las infamias políticas, pero en el derecho internacional recibe el nombre de genocidio y los responsables pueden ser sancionados hasta con cadena perpetua por la Corte Penal Internacional, organismo que tiene acumulado centenares de denuncias al régimen chavista por asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores.
A consecuencia de los genocidios en Ruanda y en los Balcanes, en la década de los noventa, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, impulsó el principio denominado Responsabilidad de Proteger (RP), que después de un amplio debate fue aprobado en la Cumbre Mundial del 2005, durante el 60 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Los diplomáticos, en efecto, analizaron si “los Estados tienen soberanía incondicional sobre sus asuntos o si la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir en un país con fines humanitarios”. Y la conclusión fue que la soberanía no es absoluta, irrestricta, porque su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de normas de protección a los derechos humanos consagrados en diversos pactos supranacionales. Es decir, un gobierno no puede pretender ejercer soberanía absoluta en su territorio, que le permita asesinar o privar de alimentación al pueblo que debe proteger. En caso que violente este principio, ese deber debe ser asumido por la comunidad de naciones; más aún, en casos graves y sistemáticos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas queda facultad para ordenar una intervención militar en salvaguarda de la vida y la libertad de los habitantes.
En Venezuela una cúpula militar corrupta ha provocado una catástrofe humanitaria y el consecuente éxodo de millones de personas que huyen no solo de la represión policiaca sino por carencias elementales para sobrevivir.
Dentro de este contexto, debemos recordar que aplicando el principio de Responsabilidad de Proteger, el Consejo de Seguridad realizó exhortaciones o autorizó la intervención armada en Sudán el 2006, en Libia, Costa de Marfil, Yemen y Sudán del Sur, el 2011 y en Siria el 2012.
Ahora, ante los actos de barbarie que ocurren en Venezuela, el mismo Consejo de Seguridad de la ONU, en primer lugar, debe exhortar al régimen ilegítimo de Maduro para que permita el tránsito de la ayuda humanitaria e, inclusive, de persistir en el infame bloqueo, que proyecta el espíritu maligno del chavismo, puede ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas multinacionales.
Un comentario final: el principio de no intervención que demanda el presidente de México, Manuel López Obrador, para que los países se crucen de brazos y no actúen ante la tragedia en Venezuela, equivale a otorgar licencia de protección a una camarilla para que continúe escarneciendo a un pueblo desesperado por comida, medicinas y seguridad.
