¡Investiguen a fiscales Vela y Pérez!

Recientemente comentamos que el broadcaster Phillip Butters y su abogado, Wilber Medina, le han hecho un enorme servicio a nuestro país tras vencer un sospechoso y farragoso cúmulo de trabas y resistencias. Porque, finalmente, por disposición del Tribunal Constitucional, hoy el Perú conoce el contenido del “acuerdo” pactado en secreto por la corrupta contratista Odebrecht —ahora bautizada como Novonor— con los fiscaletes Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez. Estos dos sujetos fueron habilitados por dos ex fiscales de la Nación —Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos— para investigar el affaire criminal protagonizado por la corruptora Odebrecht (repetimos, ahora Novonor) y diversas autoridades del Estado peruano, entre ellas, los entonces presidentes de la República Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
Aplicando la ley y siguiendo cláusulas de transparencia que cumplen otras naciones (donde prima la verdad y funciona el Estado de derecho), los “convenios secretos” no han sido práctica usual ni mucho menos parte de nuestras costumbres jurídicas. Más bien, nuestra legislación impide, formal y/o legalmente, la existencia de documentos oficiales secretos pactados a nombre del Estado. Con mayor motivo, si se refieren a hechos relativos a delitos de alto calibre, como la corrupción de funcionarios. Y más importante aún, si involucran a altas autoridades de la nación. Sin embargo, mostrando su ínfima catadura moral y su total desprecio por la ley y por la sociedad, al más clásico estilo gangsteril, los fiscaletes Vela Barba y Pérez Gómez mantuvieron herméticamente secuestrado, a espaldas suyas, amable lector, un pacto que firmaron con la corruptora Odebrecht, escondiéndolo al interior de esos turbios vericuetos del podrido sistema jurisdiccional peruano.
Desde todo punto de vista, el sello de “documento secreto” jamás debió servir para encubrir el tramposo pacto suscrito entre Odebrecht y aquellos fiscaletes, quienes supuestamente representan a treinta y tres millones de peruanos. ¡Ningún burócrata ni autoridad electa debe rubricar, inconsultamente, un convenio a nombre del Perú, y menos guardarlo bajo siete llaves! Ambos casos son delitos. Como tal, la sociedad aguarda atenta que el Poder Judicial haga justicia y sancione ejemplarmente a este par de impostores, a quienes habrá que investigarlos para conocer si Odebrecht les remuneró por esos servicios. ¿O acaso cree usted, amable lector, que semejantes concesiones multimillonarias, pactadas bajo cuerda, fueron ad honorem? Basta de falsos héroes, amable lector. El Perú está sumamente enfermo de corrupción y no podemos permitir que siga agonizando.
Reiteramos: desde todo punto de vista, el acuerdo pactado entre Odebrecht y los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez debió hacerse de conocimiento público, tal cual dicta el propio documento, inmediatamente después de haber sido homologado por un juez. ¡Homologación que, dicho sea de paso, ocurrió hace años! En consecuencia, no habiéndose cumplido este —ni ningún otro— presupuesto, las autoridades jurídicas están automáticamente forzadas a aplicar drásticas acciones judiciales contra estos dos presumidos fiscales, de tal forma que sobre ellos —refiriéndonos a Vela Barba y Pérez Gómez— caiga todo el peso de la ley. ¡La única manera de evitar que esto se repita a futuro!

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