Irresponsabilidad

El déficit fiscal del Perú ha alcanzado niveles alarmantes: 4,1% del PBI a octubre de 2024, su cifra más alta en 32 años, exceptuando el crítico 2020 durante la pandemia. Esta situación evidencia una gestión ineficiente y cortoplacista por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyas decisiones no solo han carecido de previsión, sino que han exacerbado el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos.
En un contexto donde los ingresos fiscales han disminuido del 19,8% al 19,0% del PBI, el MEF ha decidido incrementar el gasto público, llevando los gastos no financieros del 21,0% al 21,6% del PBI. Este desbalance refleja una falta de prudencia fiscal: mientras los recursos escasean, el Estado parece haber optado por el camino más fácil y peligroso, acumulando más deuda en lugar de optimizar sus gastos.
El principal incremento en el gasto proviene de la capitalización de Petroperú, una operación que, aunque necesaria para salvar una empresa, subraya la incapacidad de aplicar reformas estructurales en la misma. Lo cierto es que Petroperú sigue siendo un agujero negro financiero, y un débil MEF ha decidido postergar nuevamente el problema en lugar de enfrentarlo con medidas de fondo. Mientras tanto, quienes pagan esta factura somos los contribuyentes.
Ciertamente, la caída en los ingresos fiscales es un reflejo de la inactividad y falta de creatividad del MEF para mantener una base tributaria sólida. Se sigue exprimiendo a los de siempre y, por obvias razones, esto no se puede hacer eternamente. Además, el MEF no ha tomado acciones concretas para cerrar las brechas de informalidad, un problema que drena recursos públicos y limita el potencial de recaudación. En lugar de diseñar incentivos efectivos para la formalización, la política fiscal parece estar enfocada en el gasto sin preocuparse por el ingreso.
Así, nos encontramos frente a una falta de coherencia en las políticas del MEF. Por un lado, se ha reducido el gasto en programas extraordinarios como Con Punche Perú y las emergencias relacionadas con El Niño, lo que ha permitido una ligera disminución en el gasto extraordinario como porcentaje del PBI (de 1,4% en 2023 a 0,7% en 2024). Sin embargo, estos recortes no han sido suficientes para compensar el incremento en gastos corrientes, como las remuneraciones en Educación y Salud, ni los gastos derivados de la ineficiencia operativa en los tres niveles de gobierno.
Además, el aumento del servicio de la deuda pública, que ya representa una carga significativa, se convierte en un recordatorio de cómo las decisiones actuales están hipotecando el futuro fiscal del país.
El MEF tiene las herramientas para corregir el rumbo: recortar gastos superfluos, mejorar la eficiencia del gasto público y diseñar estrategias para fortalecer la recaudación sin ahogar al sector privado. Sin embargo, hasta ahora ha mostrado una preocupante falta de voluntad política para tomar estas medidas necesarias. Si no se toman medidas drásticas y estructurales, el costo será asumido por todos los peruanos, especialmente las generaciones futuras, quienes heredarán un Estado más endeudado y menos capaz de responder a las necesidades del país.

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