JNE nos conduce a un callejón sin salida

La habitual actitud de Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es salirse con la suya amparándose únicamente en el texto de la ley electoral. Para el JNE, el partido de A.N.T.A.U.R.O. reunió 26,611 firmas válidas según su criterio y ha cumplido con los requisitos, y por ello, Salas Arenas afirma que las “conductas antidemocráticas [de Antauro] no nos competen”. Al igual que con Castillo, el desenlace es siempre abrirle la puerta al mal mayor. Salas Arenas, al hacer un abuso del derecho electoral, dinamita las bases de la transparencia esenciales para una democracia y nos conduce a un callejón sin salida.

El abuso de derecho, en los códigos civiles de 1936 y 1984, implica perturbar la buena fe mediante el uso irregular o excesivo de un derecho, lo que puede ser penado por un juez. El JNE comete este delito al ignorar los derechos de: 1) Grupos vulnerables de electores que merecen transparencia sobre candidatos antisistema con denuncias de fraude. 2) Votantes informados que desconfían del proceso electoral por precedentes como el veto de Antauro en 2019 por el Andahuaylazo y las irregularidades permitidas a Castillo y su plancha sin vicepresidencia debido al delincuente Cerrón. 3) Electores que apoyan otros candidatos, pues se les otorga una ventaja injusta a candidatos cuestionables como Antauro, sembrando desconfianza en las elecciones. 4) Defensores de la democracia y transparencia, ya que desalienta la mejora del sistema electoral y el fortalecimiento de sus instituciones. 5) La comunidad internacional y observadores, deteriorando la imagen y reputación internacional del país. 6) Las futuras generaciones, a quienes se les transmite un ejemplo de cinismo al permitir candidatos con denuncias de fraude.

Salas Arenas tiene ideología comunista, marxista-leninista y maoísta desde su juventud. Es cercano a Vizcarra por su familia y fue defensor de terroristas tal como lo confirmó Benedicto Jiménez, ex-GEIN. Ha eludido comparecer ante el Congreso, alegando que “no es legal” llamarlo abogado de terroristas y eso afecta la autonomía del organismo electoral. Lo que ha preferido es alucinar que lo odian, rogar por su vida a la CIDH y gastar en seguridad personal con 22 PNP, convirtiéndose en el funcionario más costoso del país, de millón y medio al año. Más protegido que la presidenta recientemente mechada en provincias.
¿Repetirá Salas Arenas la misma actitud frente a la nueva citación que han planteado congresistas para aclarar las acusaciones sobre la falsificación de firmas de Antauro? El congresista Arturo Alegría recuerda casos previos como el de La Centralita que fabricaban y vendían firmas. En este contexto, parece lógico que entidades independientes como la Fiscalía, Contraloría u observadores externos intervengan para auditar las firmas, aportando una capa de transparencia y legitimidad al proceso, y así aliviar las preocupaciones de la ciudadanía.

Salas Arenas mantiene un patrón de conducta cuestionable. Fue acusado en 2021 por un excandidato de Acción Popular de abuso de autoridad y el caso terminó siendo archivado por la Fiscalía. En 2023, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el pedido del APRA al Congreso para destituir a Salas Arenas por abuso de poder, al violar su derecho de participar en política, un caso similar al del PPC. Corresponde que Corte Suprema atienda la denuncia del APRA, lo que significaría el fin de Salas Arenas en JNE.

La situación del sistema electoral muestra un conflicto entre legalidad y legitimidad. Las acusaciones contra Salas Arenas por abuso del derecho, abuso de autoridad y prevaricato, aumentan la necesidad de un cambio en el JNE hacia una gestión que priorice la transparencia, la auditoría independiente y la adherencia a los principios democráticos fundamentales.

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