Jorge Chávez: un gigante sin caminos
La modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debería consolidar al Callao como un hub aéreo regional. Sin embargo, este megaproyecto, que podría ser un hito en la infraestructura peruana, ha quedado empañado por la ineptitud del Estado, incapaz de garantizar las condiciones básicas para su funcionamiento.
Quien llega al Perú a través de su principal terminal aéreo, con la ilusión de disfrutar de su gastronomía, visitar Machu Picchu o explorar oportunidades de inversión, sufre un shock al salir y encontrar un país desordenado, donde no se respetan las leyes de tránsito (ni las demás), con vehículos paralizados en el desorden y tumulto, acosados por delincuentes, y en el caos vial y urbano, en penumbras y “calcutizado”. Vaya manera de aterrorizarlos.
Aunque el nuevo terminal comenzó a construirse en 2021, su proyecto de ampliación se remonta a 2018, cuando Lima Airport Partners (LAP) recibió los terrenos. No obstante, el Estado, que sabía que la obra iba en progreso, no planificó las vías de acceso. En un escándalo de descoordinación, recién en 2024 se estuvieron licitando estas actividades clave, cuando el aeropuerto ya debería estar operativo.
Las autoridades han actuado con pasividad inexcusable. Mientras LAP avanzaba con la ampliación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no tomó medidas concretas para garantizar la accesibilidad. La construcción del Puente Santa Rosa, esencial para la entrada y salida, se intentó licitar infructuosamente en 2022, pese a que desde 2020 se sabía que era imprescindible para la marcha del terminal.
El caso de la Vía Expresa Santa Rosa es aún más indignante. Esta carretera, que conectará el aeródromo con la Costa Verde, no estará lista sino hasta 2028, tres años después de la puesta en operación del nuevo proyecto. Este retraso no solo es una vergüenza, sino que compromete la funcionalidad del aeropuerto, obligando a los pasajeros a depender de rutas provisionales y puentes modulares en lugar de un plan vial adecuado.
Semejante caso refleja el pésimo desempeño estatal en la gestión de infraestructura. Las demoras en obras clave, la burocracia excesiva y la falta de coordinación son problemas estructurales que frenan el desarrollo del país. Este retraso es producto de incompetencia, falta de visión y una cultura de improvisación, que dinamitan oportunidades de crecimiento. Como dijo Benjamin Franklin: “Aquel que fracasa en planear, planea fracasar”.
La falta de vías adecuadas no solo generará un tráfico de procesión y experiencias caóticas para los pasajeros, sino que también implicará sobrecostos en transporte y logística. Empresas que dependen del aeropuerto para exportar productos enfrentarán dificultades, y el turismo sufrirá por la desastrosa imagen de un terminal de primer nivel con accesos del inframundo.
Además, la inacción gubernamental podría derivar en conflictos con Lima Airport Partners. Aunque la empresa ha declarado que no pedirá indemnizaciones, las carencias comentadas probablemente afectarían sus operaciones y derivarían en futuras disputas legales o renegociaciones contractuales.
El caso del nuevo Jorge Chávez es un llamado de atención sobre la ineficacia estatal en la gestión de grandes proyectos. No es posible que una obra de esta magnitud esté a punto de inaugurarse sin arterias de llegada listas. La indolencia mencionada ha convertido lo que debería ser motivo de orgullo en otro ejemplo de cómo se obstaculiza el progreso nacional.
En lugar de celebrar la modernización de un colosal hub, el Perú enfrenta un nuevo escándalo de mala gestión que evidencia, otra vez, el deficiente desempeño del Estado en la ejecución de obras públicas. Pero, una vez más, nadie será responsable y seguiremos siendo el país de las culpas sin culpables.
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