Jugarreta diplomática de Almagro
Los medios de comunicación han proyectado la versión errónea de que la Organización de Estados Americanos ( OEA ) ha derivado al Tribunal Constitucional la solución a la grave crisis política del Perú.
No es verdad.
Quien se ha pronunciado ha sido el Secretario General, Luis Almagro, a título personal, sin consultar con los representantes de los países integrantes del sistema hemisferio.
Sobre el caso peruano no ha opinado el Consejo Permanente, constituido por 34 embajadores acreditados en Washington, ni la Asamblea General, donde participan los más altos dignatarios, generalmente ministros de Relaciones Exteriores. Tampoco lo hicieron órganos consultivos de la OEA, como el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión de Derechos Humanos.
Por tanto, no es correcto confundir lo dicho por un funcionario, con el parecer de una institución regulada por normas y procedimientos estatutarios.
Sin embargo, lo que sí debió hacer, y no hizo el embajador Almagro, fue utilizar la prerrogativa que le concede el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre del 2001, que dice:
“En caso que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación”.
En ese caso, el Consejo “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
Ese era el camino que debió transitar, para que el Consejo escuche a las partes en conflicto y formule recomendaciones para arrostrar una crisis que se mantiene latente, pudiendo designar con ese propósito, inclusive, que una comisión de expertos se trasladen al Perú.
Pero Almagro apeló al Tribunal Constitucional, ignorando (a sabiendas) que 6 de sus 7 integrantes tienen mandato vencido y que dos o tres de ellos han adelantado opinión y, por tanto, están descalificados para pronunciarse.
No dudo que Almagro ha realizado una jugarreta diplomática para apoyar a Vizcarra y ganar el voto peruano a su reelección; jugarreta que también hizo amparando la ilegal postulación presidencial de Evo Morales, a pesar de que él mismo y la Comisión de Venecia calificaron de inconstitucional esa candidatura.
La Carta Democrática, al soslayarse su aplicación, está quedando reducida a un papel mojado en tinta, a un documento ectoplasmático e inservible, situación fáctica que desacredita a la propia OEA y a la diplomacia regional, en circunstancias que se necesita contar con un organismo eficiente para arrostrar crisis muy graves que pueden derivar en una guerra entre Venezuela y Colombia, para que los dictadores Maduro y Ortega se retiren del gobierno o para paliar el drama de cinco millones de seres humanos que han migrado a nuestros países huyendo de la dictadura chavista.
