Justicia ágil significa justicia constitucional del TC

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú redirige el rumbo de una justicia nacional frecuentemente politizada. Como guardián técnico e independiente, su tarea es corregir abusos y asegurar el respeto de los derechos fundamentales según dicta la Constitución. Las decisiones recientes en casos como los de Cerrón y Odebrecht, así como la ratificación de la inhabilitación de Vizcarra, han demostrado su compromiso con los principios constitucionales. Sin embargo, estas acciones han generado críticas que intentan deslegitimar su labor, presentándola como influenciada por intereses particulares o políticos.
La diferencia crítica entre la función técnica del TC y las interpretaciones polarizadoras sobre sus fallos es fundamental. La verdadera disyuntiva se enfoca en la interpretación equivocada de sus resoluciones, a veces hasta tergiversada a propósito por ciertos sectores. Esto alimenta un ambiente de desconfianza que menoscaba el fortalecimiento del Estado de derecho.
Antes del TC, solo una Sala Constitucional operaba dentro de la Corte Suprema, lo que planteaba interrogantes en cuanto a imparcialidad y separación de poderes. Inspirado en el modelo español por Javier Valle Riestra, desde 1979, el TC ha evolucionado hacia reflejar una imparcialidad que ahora se encuentra bajo escrutinio, no por su operativa interna sino más bien por la influencia externa politizada en sus decisiones. Casos como el de Aeródromo Wanka, celebrado por Cerrón, han exacerbado las dudas.
Las resoluciones del TC, desde la anulación de condenas hasta el fomento de la transparencia gubernamental, destacan su papel protector y correctivo. A diferencia de la idea de que dichas decisiones facilitan la impunidad, estas evidencian el firme compromiso del tribunal con el debido proceso y la transparencia, pilares del Estado democrático.
En la última semana, el TC ha demostrado su eficacia al resolver múltiples casos con implicaciones significativas para el derecho al debido proceso, la transparencia y la justicia imparcial en Perú. Cerrón no fue el único a quien se le garantizó el derecho al debido proceso.
A Camet se le anuló la prisión preventiva por irregularidades en el proceso. A Patricia Benavides se le admitió su recurso para garantizar un proceso disciplinario justo. Ordenó la publicación del acuerdo de Odebrecht para garantizar el acceso a información pública. Ratificó la sanción de Vizcarra por falta de evidencias que sustenten vulneración de derechos. Se han protegido los derechos previsionales de los afiliados a la ONP. Ordenó un nuevo proceso para Chlimpler por irregularidades judiciales y decisiones del Ministerio Público. Y ordenó la liberación del general Juan Rivero Lazo para equilibrar y reparar injusticias.
La crítica que enfrenta el TC sugiere un dilema mayor: la garantía de derechos fundamentales versus una percepción pública influenciada por agendas políticas. Para superar esta crisis de percepción, es crucial educar sobre el papel vital del TC, promover la transparencia de sus procedimientos y exigir a los medios una cobertura más precisa. Igualmente, realizar las reformas que aseguren una selección imparcial de los magistrados del TC, así como destacar sus logros, podría mitigar la desinformación y fortalecer la confianza en el sistema judicial.
La actual instancia de desconfianza resalta la necesidad de un liderazgo judicial que, arraigado en la integridad y la transparencia, guíe tanto a la institución como al país hacia una democracia más robusta y equitativa. A pesar de los retos, el TC permanece como una entidad esencial para la legalidad, destacando su habilidad para actuar con objetividad y adherirse a la legalidad, independientemente de las presiones externas.
En síntesis, el papel del Tribunal Constitucional en garantizar la operación efectiva del Estado de derecho es ineludible. A través del fortalecimiento de instituciones como el TC, Perú puede avanzar hacia una nación más justa y confiable. La importancia de respetar y valorar el rol del TC es clave para asegurar la solidez de nuestra democracia.

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