Justicia con perspectiva ciudadana

Nuestra gente es peculiar. Mientras en Asia las cosas están claras hace mucho, pues saben que se debe producir para generar puestos de trabajo y, con la exportación de esos bienes producidos, financiar el crecimiento que termina beneficiando a todos los trabajadores; en Iberoamérica seguimos creyendo en el mercantilismo y el intervencionismo estatal.

Por tanto, no debe extrañarnos que discutamos inútilmente el “plan” de Bukele hasta que pase de moda y luego nos concentremos en la siguiente distracción. En la Edad Media la seguridad de los comerciantes y artesanos plebeyos corría a cargo del señor feudal; siglos después, en la Edad Moderna el orden social se convirtió en responsabilidad del rey absoluto. Así, el Estado moderno hereda el compromiso de garantizar seguridad, pero cuando no lo logra, quiebra el pacto social que consagra las condiciones para la subordinación de los ciudadanos ante la autoridad democrática, provocando que la comunidad se entregue al demagogo de turno.

Culturalmente estamos preparados para aplaudir al Julio Cesar de nuestra época, en lugar de formarnos en el bando de los senadores que defendían la institucionalidad de la República. De plano, es posible atacar la criminalidad con las reglas del Estado de derecho, siempre y cuando las principales fuerzas políticas decidan concertar las medidas coherentes que el objetivo requiere.

Lo que impulsa al violento y al ladrón es, ante todo, la percepción de impunidad, la certeza de que difícilmente será castigado como autor de un delito; para cambiar eso deberíamos recurrir a la tecnología, a un serenazgo provisto de armas no letales, y una policía implacable que ubique y detenga al delincuente, autorizada a abatirlo incluso, respetando el protocolo institucional y las leyes pensadas en función del ciudadano y no del delincuente.

Se necesita de fiscales y jueces comprometidos con los intereses de la comunidad; ellos deben compatibilizar los derechos de víctimas y de criminales, sin perder de vista el concepto esencial, la realización del principio de dignidad de la persona pasa por recuperar el orden social, la capacidad del Estado para procesar y sancionar a quienes ponen en peligro la vida y la propiedad.

Hoy es casi imposible lograr una condena en la medida de que el criminal tenga dinero para pagar a un buen abogado. Cambiemos las normas que complejizan, a propósito, los procedimientos tanto en la investigación como en el juzgamiento, asegurando que la administración de justicia cumpla su objetivo, dilucidar con objetividad la inocencia o culpabilidad en el menor tiempo posible. La legitimidad del régimen democrático está en juego.

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