Justicia demorada

Hace apenas dos días, domingo 29 de junio, dejó de existir a edad algo temprana, sin que se haya determinado aún la autoría de su muerte, un personaje principal (fue el gerente general, el mayor funcionario ejecutivo después del alcalde) no solo en los hechos delictivos de gran corrupción ocurridos en la gestión de Susana Villarán al frente de la comuna de Lima Metropolitana, sino también en la determinación de las responsabilidades penales de los autores, dada su condición de colaborador eficaz, inexplicablemente congelada como “aspirante”.
Aunque quieran Villarán y su defensa negarlo ahora, es pública y conocida la aceptación que en mayo de 2019 hizo la exfuncionaria edil del cobro de más de una decena de millones de dólares de empresas contratistas de la municipalidad, Odebrecht y OAS, que fueron luego beneficiadas con el otorgamiento de plazos ampliatorios y condiciones escandalosamente favorables en sus contratos.
No se requiere mucha imaginación para comprender que se trató de pura y simple coima, planeada y ejecutada en consuno con su entorno cercano de funcionarios y allegados por la exfuncionaria edil, buque insignia de la izquierda marxista en el Perú, que incluso se arrogaba con cinismo el papel de referente de la moral pública.
Con el dinero mal habido construyó, en torno a ella y su afán de mantenerse en el cargo, un agresivo frente de mediocres figuras de la farándula que no solo generaron un gran distractivo de los delitos en marcha, sino que acosaban a sus adversarios políticos, especialmente mujeres.
Tampoco hace falta mucha imaginación para considerar posibles otros casos más de corrupción en la gestión edil del 2011 al 2014 que estén aún pendientes de ser conocidos. Cinco años han pasado y la exalcaldesa, más que probable corrupta, aún no ha sido objeto de decisión judicial firme sobre su culpabilidad. Gracias a ello, goza de plena libertad, pues ha sido exonerada incluso de medidas como la del control biométrico mensual —dizque para evitar que se estrese— y, junto a familiares directos señalados, hace gala impunemente de signos exteriores de riqueza.
Ninguno de sus cómplices —incluso mencionados nominalmente por la misma Villarán— o protagonistas admitidos de las negociaciones corruptas, están siquiera investigados.
Mientras tanto, y pese a la Junta Nacional de Justicia —¿qué hace al respecto?—, la provisionalidad en los más altos niveles de la judicatura y del Ministerio Público es la regla. “El juez se puede escoger”, anotaba en sus agendas una ambiciosa y hoy prófuga ex primera dama, obviamente basada en las facilidades que para ello da la provisionalidad.

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