Justicia en toda la extensión de la palabra

En el entramado social y económico de cualquier nación, la justicia no es solo un concepto abstracto o una aspiración moral. Es, en realidad, la base concreta sobre la cual se edifica un entorno de confianza y seguridad, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Cuando hablamos de un sistema de justicia funcional, nos referimos a uno que actúe de manera transparente, independiente y accesible, capaz de resolver conflictos de manera equitativa y en conformidad con las leyes.
El tema, lejos de ser abstracto, tiene implicancias directas en el ciudadano. Hoy, con la inseguridad ciudadana en su punto más alto, la mayoría de los ciudadanos deben recurrir a un tribunal, encontrando muchas veces otra pesadilla adicional en la búsqueda de justicia. Los empresarios se ven aún más involucrados. Este fundamento —la economía de mercado y, en particular, el clima de negocios— se ve seriamente comprometido.
Recientemente, la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú) ha puesto de manifiesto varios aspectos que deben mejorarse para asegurar la transparencia y eficacia del sistema judicial peruano. Durante su segunda visita, esta misión internacional señaló deficiencias que, si no se corrigen, podrían erosionar la confianza de los inversionistas, empresarios y ciudadanos en un proceso que ha iniciado recientemente.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por MIO-Perú es la falta de consulta pública de los reglamentos y bases del concurso para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta omisión no solo viola principios de transparencia, sino que también priva a la ciudadanía y a los actores del sector empresarial de la posibilidad de participar activamente en la vigilancia y control del proceso. La opacidad en la elección de los encargados de velar por la justicia en nuestro país deja un vacío que puede llenarse con corrupción e ineficiencia, socavando así la credibilidad del sistema entero.
Además, MIO-Perú ha resaltado que no se han implementado mejoras en las bases del concurso respecto a las utilizadas en 2019. La falta de protocolos claros, especialmente en áreas críticas como las entrevistas personales y las pruebas de confianza, crea un entorno propicio para arbitrariedades. La posibilidad de que las decisiones judiciales se tomen de manera opaca o influenciada por intereses particulares desalienta no solo el ánimo, sino además la inversión y el crecimiento económico.
Sin un sistema de justicia que funcione adecuadamente, los empresarios se encuentran en un terreno incierto, donde las reglas pueden cambiar arbitrariamente y las decisiones judiciales pueden depender más de conexiones que de hechos y leyes. Esto no solo desalienta nuevas inversiones, sino que también pone en peligro las que ya existen, afectando el empleo, la innovación y la competitividad del país en el mercado global.
La transparencia en el sistema de justicia no es un lujo, sino una necesidad urgente para crear un clima de negocios saludable en Perú. Es indispensable que las autoridades tomen en serio las observaciones de MIO-Perú. Solo así se podrá garantizar que la justicia peruana no solo sea justa, sino también percibida como tal por la sociedad.

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