¡Justicia politizada es injusticia institucionalizada!

El destacado abogado Humberto Abanto ha presentado una denuncia sumamente seria, que pone el dedo en la llaga respecto a los niveles de enfermiza judicialización de la política a los que ha llegado nuestro país, por responsabilidad solitaria de la mafia que maneja el Poder Judicial y el Ministerio Público. No cabe duda de que estamos en el periodo más oscuro de nuestra -si a eso puede llamársele- democracia. Siendo, más bien, una época sin comparación a la que vivimos en tiempos del régimen de Alberto Fujimori. ¡Por lo consiguiente, es algo aún muchísimo peor! Es el imperio de la falacia, de la dictadura de los escogidos, de la corrupción soterrada y, por cierto, endosada a terceros que aceptan que les encajen esa responsabilidad, siempre y cuando la mafia caviar los inmunice de responsabilidades a través del poder que ostenta entre tantos fiscales y jueces financiados permanentemente por sus ONGs.
Por cierto, los caviares se irrogan de manera falsaria la corrección política y, sobre todo, se consideran impolutos humana, social y políticamente. Lo que es totalmente falaz, pues, como afirmamos, su conducta es todo lo contrario a lo que dicen ser y a lo que verdaderamente son.
Dicho esto, veamos la gravísima denuncia hecha por el abogado Humberto Abanto. Se refiere a la legislación sobre crimen organizado, a su entender, creada solamente para perseguir a los enemigos políticos de la camorra caviar, que usa esa ordenanza para denunciar, procesar y condenar a sus opositores, atemorizando a cualquier hijo de vecino que pretenda siquiera incordiarles. En pocas palabras, es un escudo para la cofradía caviar, que lo utiliza para demandar, desacreditar, enredar en el fárrago justicialista y encarcelar temporalmente a sus rivales, mientras cabildea para lograr una sentencia que le favorezca y, de paso, acaba arruinándole la vida a su opositor.
Coherentemente, Abanto contrasta los procesos judiciales contra Alberto Fujimori y Alan García, recordándonos que los procuradores y jueces acusaron y procesaron no solo a Fujimori, sino a su hija, a todos sus ministros y entorno, a empresarios, etc.
En el caso de García, hicieron lo mismo con los parlamentarios y dirigentes del APRA, acusados de formar una organización criminal basada en la malhadada ley que hemos señalado. Idéntico sucedió con Luis Castañeda y todos los dirigentes de Solidaridad Nacional. A PPK lo denunciaron por lo mismo, involucrándolo con su chofer y secretaria como integrantes de una organización criminal.
Dicho esto, el letrado Abanto pregunta, con justa razón: “¿Por qué en el juicio que se le sigue a Toledo, sus exministros, sus amigos empresarios, su entorno directo de Palacio de Gobierno, no han desfilado ante la justicia sus asesores, secretarios, etc.? ¿Por qué en el juicio a Humala y Vizcarra no hay ministros, empresarios, miembros de su entorno detenidos o procesados?” “Yo se los digo”, sostiene Abanto: “Porque Toledo, Ollanta y Vizcarra, y todos sus amigotes, tienen la protección de la justicia caviar. Por eso de-be-mos exigir una reforma judicial total. Si queremos vencer al crimen organizado, la justicia debe de ser igual para todos.”

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