Justicia politizada, injusticia asegurada

Como reseñó hace unos días EXPRESO en su leída sección Polidatos, “los caviares están aterrados por la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, tanto es así que “el judío maravilloso del IDL (Gorriti) quiere llevar el ‘caso’ a su adorada CIDH, alegando que no hubo transparencia en la elección de los nuevos tribunos, etc. Olvida este sujeto, Gorriti, que lo que ha sucedido es todo lo contrario: porque esa elección estuvo muy bien sustentada.
“Simultáneamente”, añadiría EXPRESO, “la Defensoría del Pueblo ya ha oficializado los nombramientos de los Dres. Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo, quienes desde el próximo año 2025 dirigirán los procesos tanto de selección como de nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales en todo el país desde el año próximo”.
“Temerariamente”, seguía EXPRESO, “la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la medida cautelar que facilitó el retorno de Inés Tello a la (JNJ), desestimando una decisión previa emitida por la Corte Superior”.
El caso Tello viene desde marzo de este año, luego de que el Parlamento aprobase un informe inhabilitando a todos los miembros de la JNJ por, presuntamente, “permitir la continuidad de Inés Tello en el cargo, tras superar el límite de edad establecido por la Constitución”.
No obstante, el Poder Judicial decidió anular todo lo actuado por el Congreso de la República, incitado por aquella funesta Junta Nacional de Justicia (JNJ); entidad expresamente formada por el miserable Martín Vizcarra para controlar la justicia, a través del poder que este le ha asignado de nombrar y/o remover a jueces y fiscales de primera instancia, como supremos. De esta manera, la judicatura peruana está en manos de una cúpula po-li-ti-za-da —con un poder omnímodo— a la cual los jueces y fiscales le deben el puesto, constituyéndose en todo sentido en fuente de chantaje y vicios que enervan, desde su raíz, el principio de independencia que deben tener los magistrados dentro de cualquier régimen de justicia independiente.
En todo ordenamiento democrático, correspondiente a un régimen republicano, es el Poder Legislativo el único autorizado para legislar. Salvo una excepción: aquella que permite que legisle el Ejecutivo. En cuyo caso, este debe pedirlo con la debida anticipación al Legislativo para que le conceda dichas facultades extraordinarias, previamente explicitadas y justificadas, antes de poder hacerlo.
Sin embargo, de allí a admitir que el Poder Judicial se arrogue facultades como ente legislador, hablamos de un reverendo imposible constitucional. Pero, en los hechos, esto es lo que ha ejecutado el Poder Judicial peruano, quebrantando en mil pedazos la piedra angular que sostiene a todas las verdaderas democracias del planeta.
Esta realidad kafkiana, amable lector, solo puede darse en un país sin ley, carcomido por la podredumbre del poder caviar. Una intolerable supremacía que no existe en lugar alguno del mundo; excepto, claro está, en este corroído país, sometido hace ya un cuarto de siglo al dominio artificial —aunque fáctico— del clan de los caviares.

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