La agresión del Gobierno es permanente
El maltrato a la ciudadanía por acción u omisión del Gobierno es inaceptable. No permitamos que nuestra reconocida resiliencia se convierta en una “ventaja” para acomodarnos y olvidar que nos cercenan derechos elementales sin mayores explicaciones y que nadie responde por los inmensos perjuicios que acarrean. No hay brevetes ni pasaportes ni documentos nacionales de identidad, pero no porque quieran coartar nuestra libertad o porque se haya convertido en el arma secreta de un proyecto totalitario sino porque son profundamente incompetentes y corruptos. El Gobierno tiene el descaro de declarar en emergencia el turismo –sin medida alguna que lo acompañe –pero en simultáneo el MTPE aprueba una huelga de controladores aéreos en plenas negociaciones con Corpac, previo a Semana Santa, a sabiendas del daño a miles de peruanos y al agonizante sector. Parecería premeditado, pero no, volvemos al mismo escenario de ineptitud, donde ni se rinden cuentas ni se asumen responsabilidades. La descarada ministra Betssy Chávez , en un pretendido juego de palabras, intentó sostener que declarar procedente el anuncio de huelga no se equiparaba a autorizarla, cuando hay legislación laboral que la desmiente. No hay que dejar que se lave las manos.
Es un golpe bajo que hayamos descendido del puesto 34 al 42 en atracción de la inversión minera. Un país con un contenido polimetálico tan rico, con más del 15% del territorio concesionado y poco menos del 2% en operación tiene un potencial inconmensurable; sin embargo, vive en pie de guerra por los conflictos sociales que no dejan de crecer. Las Bambas es el ejemplo emblemático de la discordia. Recientemente, la comunidad de Fuerabamba invadió un terreno que en su oportunidad le vendió a la minera, solicitando su restitución, obviamente sin compensación alguna. Hoy miércoles, Antapaccay amenaza con bloquear el corredor minero del Sur e impedir el transporte de mineral. Los reclamos son tan insólitos y desproporcionados que se piensa que son fruto de la ignorancia, pero no es así, son producto de seres insaciables, sin palabra, contaminados por agitadores antimineros que les han hecho creer que son inmunes a la legalidad. En la práctica, hacen literalmente lo que quieren ante un Estado que no ata ni desata frente a tanto abuso. Estoy segura de que es mucho más fácil hacer minería en jurisdicciones con una regulación más compleja y costosa, pues a pesar de la extensión del proceso, una vez cumplidas todas las etapas, se puede operar con tranquilidad y predictibilidad. Prevalece el imperio de la ley.
El MEF se comprometió a devolver a un millón ochocientos mil fonavistas, el aporte ajustado por inflación, por hasta S/ 6,600 millones. Sin embargo, el Congreso en un desborde de innecesario populismo, que solo causa heridas a nuestra tambaleante economía, aprobó por unanimidad la devolución de S/ 42,000 millones, que incluye la contribución que hicieron los empleadores y el Estado. La UNANIMIDAD no puede cambiar la REALIDAD. 130 votos equivocados son simplemente un inmenso error en un país que no soporta llevar en sus espaldas una carga más. Aún así, nadie los quiere.
Mientras tanto, la Sunat sigue haciendo polvo a los empresarios. Uno de sus mecanismos más rentables es devolver el íntegro del “saldo a favor del exportador”, para luego y por cualquier pretexto, generalmente fuera de la legalidad, pedir la devolución más intereses y multas siderales.
No podemos seguir permitiendo tanto maltrato, hay muchísimo que trabajar y que transformar, pero la primera condición es que se vayan todos. ¡Elecciones generales ya!
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