La autonomía en el ejercicio de la función judicial

Se ha hecho costumbre observar que, en las páginas de informes periodísticos, respecto al ámbito político aparecen también las noticias judiciales; pues, la explicación es que son las personas que ejercen o han ocupado algún cargo dentro de la estructura del poder son las que, por alguna razón, se encuentran inmersas en procesos judiciales por haber actuado o tenido una conducta contraria a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Esta realidad que cada día se hace más evidente, ha traído como consecuencia que sea una constante decir que “…la política se ha judicializado…” y “…la justicia se ha politizado…”. Ello, es lo peor que le puede haber sucedido a la administración de justicia; pues, la imagen que ella proyecta para el común de las personas es que los jueces, cuando tienen que tomar decisiones, lo hacen no únicamente en base o inspirados a lo que establecen las normas pertinentes, sino en función a las declaraciones de los políticos, a los informes periodísticos y a los datos que difunden las encuestadoras.

Estas características que acompañan a la forma o manera de cómo se conducen los funcionarios que administran la justicia en el Perú, termina por atentar en contra de la autonomía e independencia del ejercicio de la función jurisdiccional. Aunque, por cierto, eso no quiere decir que se pueda generalizar, para decir que todos los jueces o fiscales actúen de esa manera. Pues, lo que sí se debe de llamar la atención es que, desde la labor que desarrollan los medios de comunicación y de la forman cómo se comportan los políticos, se trate de evitar de influir en la toma de las decisiones judiciales; o, lo que es lo mismo, hay que cuidar que lo mediático no termine siendo el factor determinante que conduzca el comportamiento de quienes administran la justicia.

Si ese panorama se quiere cambiarlo, la acción política, independiente de su interés particular que tiene por costumbre defender en su actuación, en lugar del interés general que debe ser su fuente de inspiración que la identifique, requiere desvincularse o apartarse de intenciones injerencistas en la actuación de los jueces. Es decir, cuanto menos se use la presión política que reciban los magistrados, seguro que vamos a tener más y mejores resultados que se reflejaran en la forma cómo se resuelven los casos judiciales.

Hay que darles a los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, la seguridad y garantía de que su desempeño funcional está protegido no solo por el dicho de las normas, sino por la conducta de los demás actores que influyen en la conducta del comportamiento de la sociedad, que nos comprende a todos nosotros.

En ese sentido, los analistas políticos y comentaristas de las decisiones judiciales tendrán mucho que ver en lograr que la autonomía de los jueces, cuando tengan que emitir sus resoluciones, tomen como punto de partida únicamente el ordenamiento jurídico vigente, en alguna medida la jurisprudencia y el criterio responsable del que todo magistrado debe de cuidar y, con ello, recién comenzar a considerar una nueva reforma de la justicia, de las muchas que ya se han anunciado a través de muchos años y que hasta estos momentos no se conocen sus resultados.

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