La autoridad moral

Mal que bien, ya se firmó en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz entre la Fiscalía y Procuraduría del Estado peruano con ex ejecutivos de Odebrecht para que aquellos puedan acceder a información veraz y cierta sobre los sobornos pagados por estos a cambio de obras públicas.

Mal porque los cuestionamientos al monto de la reparación civil negociada amenazan convertirse en onda expansiva que no finalizarán en este quinquenio gubernamental (es decir, el 2021), sino que se extenderán como ejemplo de fraude al país posiblemente toda una década.

Bien porque resulta meridianamente cierto que se necesitaba una rendija por donde obtener datos precisos de acciones, personajes, fechas y montos trajinados en la oscuridad e impunidad.

Estimo que la mayor distorsión del proceso investigatorio podría recaer sobre la ridícula penalización de los aportes de campaña que esta semana llegó al paroxismo de tragicomedia con la supuesta recepción del PPC de recursos de Odebrecht y la del partido de Pedro Pablo Kuczysnki de una firma del llamado ‘Club de la Construcción’.

Ambas revelaciones (que tienen elevados niveles de verosimilitud) afirman el camino de lo que algunos sostuvimos como práctica común de casi todos los partidos políticos imbuidos en jornadas electorales. Desde 1980 –y peor aún cuando quedó consolidado el voto preferencial– el tráfago de dinero no declarado ha sido inmenso. Que lo conocieran o no los candidatos presidenciales, es otra vertiente. Pero es verdad que en sus narices corría dinero aportado por lo bajo y nadie movía un dedo.

Es más, se laxó a propósito la ley electoral para que la no declaración de dichos aportes apenas merezca sanciones administrativas. A partir del referéndum ya vendrán las penales. El presidente Martín Vizcarra se adjudica la “autoridad moral” en el combate a la corrupción como respuesta a las versiones que lo mezclan en la recepción del dinero del ‘Club de la construcción’ para la campaña pepekausa. Pero Vizcarra aplaudió de costado la  judicialización de los Humala Heredia y Keiko Fujimori por temas similares. Hoy le cae el boomerang, como dice Jaime de Althaus.

No basta arroparse entonces en la bandera de la moralidad (lo hizo Alejandro Toledo contra el fujimorismo y ya vemos cómo acabó). Hay que mostrarse firmes ante el absurdo embate de fiscales y jueces contra una práctica que no fue punible pero que sí necesitaba morir. Por último, el certificado de incorruptibilidad recién podrá obtenerlo Vizcarra al finalizar el mandato o toda su acción pública. Mientras tanto, que acepte los reflectores puestos sobre su proceder.

Parafraseando a madame Rolland, también cabe decir: autoridad moral, cuántas inmoralidades se cometen en tu nombre.