La batalla de Expreso
Las separatas que publica el diario Expreso, divulgando la historia de Sendero Luminoso (SL), constituyen una admirable iniciativa periodística orientada a que nuestros jóvenes conozcan los actos criminales cometidos por el terrorismo durante dos décadas, causando miles de muertos, heridos, mutilados y considerable destrucción material.
Este esfuerzo de su director, Antonio Ramírez Pando, debería ser replicado por el Estado en los centros educativos y también por el sector privado, a través de campañas cívicas para hacer pedagogía democrática en la comunidad, con el propósito de divulgar la devastadora consecuencia de la violencia, especialmente en la población de menores recursos económicos y en las comunidades campesinas, víctimas inocentes de los grupos sediciosos.
Lo planteamos porque todos los analistas y expertos en la lucha antisubversiva coinciden en señalar que después de la captura de Abimael Guzmán y de su cúpula, mientras el Estado y los medios de comunicación se replegaron, SL aprovechó ese vacío para reinventarse y avanzar políticamente.
Primero, propusieron un “acuerdo de paz” para una “solución política a los problemas derivados de la guerra”. En ese contexto, constituyeron Movadef, brazo legal de SL, que dio una larga batalla en los tribunales de justicia y en la prensa nacional e internacional a favor de la libertad de Guzmán, vía indulto, al mismo tiempo que dulcificaron su imagen pública presentándolo como un luchador social. Con ese propósito desarrollaron marchas de solidaridad en el país y en el extranjero, en Europa y los Estados Unidos, al mismo tiempo que promovían seminarios, conferencias y la publicación de folletos y libros exaltando la figura del jefe senderista.
Más adelante SL dio un salto mayor al infiltrarse en universidades y sindicatos, especialmente en el magisterio, creando Conare-Sutep, entidad reconocida por el régimen del presidente Castillo con el nombre de Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate), que pretende reemplazar al Sutep y administrar los recursos de la Derrama Magisterial.
El Estado, sin embargo, no alcanzó a comprender que con la captura de Guzmán había terminado el cruento capítulo de la lucha armada y se iniciaba el incruento capítulo de la lucha ideológica, terreno en que SL actuó sin mayores tropiezos durante veinte años, para ahora pasar a la tercera fase: participar en los procesos electorales, siguiendo el camino legalista recorrido por las FARC o el M-19 de Colombia.
Más grave aún es comprobar que, en ese contexto, activistas o apologistas del terrorismo están participando en el Gobierno de Perú Libre, en el Parlamento y la administración estatal, según registros de la Policía Nacional, del Ministerio Publico y denuncias periodísticas.
Contrario sensu, mientras el neo senderismo avanza sin mayores obstáculos, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional sufre serias restricciones presupuestales y el Estado continua con los brazos cruzados en lugar de emprender una intensa campaña divulgativa sobre lo que ha significado y significa la subversión en cualquiera de sus tres fases, más aún ahora que esos sectores dominan el Vraem y con ello la producción ilegal de hojas de coca que derivan a los carteles del narcotráfico, es decir a la mayor multinacional del delito.
De ahí la importancia de los fascículos que viene publicando el diario Expreso, con encomiable esfuerzo. Esa debería ser tarea de todos, sin exclusiones, porque creando una cultura pacifista, de respeto a los valores y principios democráticos, se preservará el estado constitucional de derecho y se forjará la necesaria unidad nacional.
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