La censura presidencial

Los sistemas políticos y las formas de gobierno tienen determinadas características en la teoría, pero se concretan de diferente manera en cada sociedad donde son implementados; por eso se habla de régimen político, que invoca la peculiar adaptación de la teoría a la realidad.
Así, debemos empezar por reconocer que nuestra democracia es radicalmente antropomórfica; diferente, por ejemplo, a la norteamericana, donde desde su independencia se marcaron las dos visiones políticas que hoy imperan: un gobierno central poderoso e intervencionista o la mayor independencia de los estados y respeto a la libertad individual.
El Perú pudo mantener hasta hoy la división ideológica binaria del siglo XIX, liberales y conservadores, pero la crisis que provocó la Guerra del Pacífico institucionalizó la dependencia de la actividad política al impulso de pequeños líderes carismáticos y populistas, desprovistos de visión de Estado, henchidos de soberbia y vanidad.
Así llegamos a la tercera década del siglo XXI, sufriendo la nueva crisis política que tan solo ratifica la pequeñez de los actores, encumbrados a personajes principales cuando apenas tienen la preparación de extras, malinterpretando una y otra vez una novela sin guion, interactiva quizás, donde la prensa y las montoneras de siempre van escribiendo el libreto a gusto del financista, a punta de piedra y molotov.
Ante ello, los académicos solo podemos señalar la precariedad institucional, la parlamentarización improvisada de nuestro presidencialismo, acumulando los defectos de la forma de gobierno parlamentaria sin recoger sus virtudes, haciendo de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente —figura excepcional y necesaria— una suerte de censura presidencial constructiva, pues al quitar a uno se señala el nombre del sucesor. Es lo que hay, y deberíamos felicitarnos de que la rigidez propia del presidencialismo se haya adaptado a las necesidades políticas de la semana.
Es ya conocido que la vacancia de Dina Boluarte obedeció a la suma de errores, venganzas e intereses ideológicos, siendo políticamente inevitable pero jurídicamente reprochable, pues la demostrada incapacidad gubernamental no alcanza a constituir incapacidad moral permanente, habiéndose desnaturalizado el instrumento excepcional que la Constitución brinda y aplicado peor, sin conceder el debido proceso.
El mayor problema sigue siendo la montonera que, de manera inconstitucional, lleva al sillón de Pizarro a cualquiera, sin más normatividad que los reportajes militantes de la TV, sin mayor racionalidad que la violencia desatada en la calle, disfrazada de “protesta social”, que recluta a estudiantes eternos, barras bravas, y a desocupados de la ciudad y del campo.
Estando a las puertas de las elecciones generales, la mayor preocupación debería ser garantizar la imparcialidad de los organismos electorales y una campaña sin muertes que lamentar. Pero claro, en el Perú de hoy, eso ya parece propio de ideas conservadoras.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.