¿A la chilena?
Vivimos tiempos de oscuridad, confrontación y violencia, que abren puertas a escenarios inimaginables. No buenos, por cierto. Los tóxicos vientos que soplan, cada vez con mayor fuerza, enrarecen el ambiente en una sociedad dividida, donde odios, pasiones, prejuicios y mezquindades psicóticas van marcando el camino hacia un Bicentenario que nos encuentra más enconados que antes de la gesta libertadora y nos puede conducir a la dramática anarquía que experimenta Chile.
El actual Gobierno –y el próximo– tienen que levantar pesadas anclas oxidadas, que impiden a la nave del Estado romper amarras para salir del puerto y navegar hacia mares calmos.
Las instituciones que son –o deberían ser– vigas maestras de un Estado constitucional de derecho, se encuentran débiles y corroídas, con un Congreso disuelto “fácticamente” por el exmandatario Vizcarra, a quien la nueva representación legislativa, constituida bajo su impulso, lo guillotinó por incapacidad moral.
La situación del Tribunal Constitucional, integrado por seis de siete miembros con mandato vencido, no tiene el poder de la legitimidad mientras los titulares no asuman esos cargos, especialmente cuando observamos que su presidenta se encuentra bajo efectos de esa poderosa droga que se llama figuración y que, por ello, no repara en adelantar opinión en asuntos no resueltos.
El Poder Judicial, a su vez, está sobrecargado de expedientes, –estimados en 3 millones 350 mil– con magistrados cuestionados por fallos insólitos, que ni siquiera atienden los razonables lineamientos de la Corte Suprema, fijados en un pleno casatorio, para que no persistan en abusar de las prisiones preventivas, que mantiene en hacinados penales cerca de 40 mil no sentenciados. Y el Ministerio Público, por su lado, está afectado en sus jerarquías, recordando que dos de los integrantes del equipo Lava Jato no aceptaron asistir a una convocatoria de la Junta de Fiscales Supremos, como ahora tampoco acatan la resolución de la Fiscal de la Nación sobre el despacho que debe investigar al presidente vacado, para no recordar que varios de ellos son rutinarios expositores en medios de comunicación y que numerosos documentos con sello de “carpetas reservadas” se publican en la prensa bajo el inocente rótulo de “unidad de investigación”.
Hay que reconstruir de urgencia las instituciones, como arrostrar concertadamente los mortales estragos de la pandemia, de una grave crisis económica que ha lanzado al desempleo a dos millones de personas e incrementado la pobreza en tres millones más, al mismo tiempo que el crimen avanza a gran velocidad. Este año la Policía ha detenido a 235 mil personas –34 mil extranjeros– desarticulado 5,100 bandas y requisado 4,600 armas de fuego, cifras muy superiores al 2019.
El gobierno del presidente Merino debe, por tanto, desplegar el mayor esfuerzo en comunicarse con el país, en concertar con los jefes de los poderes públicos, de los gremios empresariales, sindicales y de la prensa, que, estos días, han trasmitido horas de horas las marchas y han sido poco severos en repudiar la violencia, ofreciendo tribuna a políticos irresponsables que azuzan a la población a provocar desórdenes.
Próximos a un proceso electoral con 24 candidatos presidenciales, la mayoría refugiados en vientres de alquiler, con una población decepcionada que votará no por quien valore más sino por quien repudie menos, es hora de promover una política de nivel, porque existen sectores que promueven el caos y la violencia, que tienen apoyo mediático y usan las redes sociales para insultar y calumniar desde el anonimato, con el propósito de repetir la exitosa estrategia que desplegaron en Chile, país sumido en la inestabilidad y próximo a elegir una Asamblea Constituyente.
