La Comisión de Reformas Políticas
En el último referéndum, el ciudadano voto por el “si” o por el “no”, desconociendo el contenido de las reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso y que la consulta popular sólo sirvió para ratificarlas, como sucedió con tres de las cuatro modificaciones que se presentaron.
Luego, el Ejecutivo decidió formar una Comisión de Alto Nivel para elaborar propuestas de reforma política que, se intuye, se van a referir a lo siguiente:
- La transparencia de los fondos partidarios y su reglamentación.
Para ello, lo primero que la indicada comisión debe tener presente es saber qué hubiera respondido la ciudadanía si en el referéndum se le preguntaba: ¿está de acuerdo de que, con los impuestos que paga la población, el Estado financie las campañas electorales de los partidos políticos?
Seguro que hubiera dicho que “no”.
Entonces, no se puede proponer una reglamentación sobre un tema que no tiene la más mínima legitimidad.
No engañemos a la población con explicaciones técnicas que no conoce y menos entiende.
- La eliminación del voto preferencial.
Con un padrón electoral, donde más del 90 % de los ciudadanos no tienen compromiso político partidario, no se les puede obligar a votar por una lista que presente un partido e, indirectamente, apoyen la elección de los primeros candidatos que aparecen encabezando la misma.
Para la elección de los constituyentes en 1978, la dirigencia del partido elaboraba la lista de candidatos y la militancia del mismo no tenía ninguna participación, razón por la cual se estableció el voto preferencial.
Actualmente, los partidos políticos ya casi no existen, y los que aún se mantienen, por lo menos con el nombre, y los muchos que están en proceso de formalización, se manejan verticalmente, por caudillos. Es decir, la democracia interna no funciona.
En consecuencia, la realidad no cambia desde hace muchos años. Por lo tanto, el voto preferencial sigue siendo un mal necesario.
- La inexistencia de la inmunidad parlamentaria.
Técnicamente, es un mecanismo de protección del ejercicio de la función congresal, que permite tener mayor libertad para actuar, se entiende, responsablemente, en el ejercicio de la función.
El mal uso de la inmunidad por parte de un grupo de parlamentarios, cuando quieren “blindar” a un colega, nunca debe ser un argumento para eliminarla.
Por lo tanto, volvemos a lo mismo, el problema no está en la Constitución ni en la ley; el problema son las personas que integran las instituciones u organismos públicos.
Estas serán algunas materias, entre otras, que se van a tratar por parte de la antes referida Comisión de Alto Nivel. Pero, lamentablemente, de la escasa educación o cultura política de nuestro pueblo nada se dice.
Algunos dirán: “es un asunto cuyos efectos se verán a largo plazo”; pero, si nunca hacemos nada por ella, estamos condenados a tener una democracia sólo en el papel.
Por lo tanto, para revertir esa realidad, hay que comenzar por educar al pueblo, que es el titular de la soberanía.
Gastón Soto Vallenas
