La complejidad en la lucha contra el crimen organizado en perú

La creciente ola de criminalidad que atraviesa el Perú ha rebasado los intentos de control por parte del Estado. La delincuencia, lejos de disminuir, ha adoptado formas más violentas y organizadas, como la extorsión y el sicariato, generando un clima de terror que afecta directamente la vida cotidiana de los peruanos. En este contexto, la discusión sobre la tipificación del “terrorismo urbano” en la legislación penal es una respuesta necesaria, aunque no exenta de controversias.

La reciente aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso del dictamen que incorpora el “terrorismo urbano” en el Código Penal refleja el consenso parcial entre los legisladores sobre la necesidad de endurecer las penas para los delitos que generan terror en la población. Sin embargo, también evidencia las discrepancias dentro del propio Congreso, donde un grupo de parlamentarios optó por abstenerse de votar, mostrando reticencias que dificultan una respuesta legislativa unánime a la crisis de inseguridad.

La falta de acuerdo unánime en este tema resulta alarmante, considerando que la violencia que asola al país afecta a todos los sectores sociales, sin distinción.

El contexto de la discusión es preocupante: la demora en llevar el dictamen al pleno del Congreso, pese a haber sido aprobado en junio, solo aceleró tras la presión de los transportistas, quienes paralizaron sus labores en protesta por el asesinato de conductores a manos de extorsionadores.

Esta dilación en el debate refleja la desconexión entre la urgencia ciudadana y las prioridades políticas, evidenciada en la decisión de los parlamentarios de priorizar su Semana de Representación, en lugar de convocar un pleno temático sobre seguridad ciudadana. La solicitud formal de la bancada de Renovación Popular para debatir este tema en un pleno especial fue ignorada por el Congreso, prolongando la inacción frente a la inseguridad galopante.

La creación de una legislación que tipifique el “terrorismo urbano” ha sido impulsada tanto por congresistas de diversas bancadas como por las municipalidades de Lima y Los Olivos.

Esta iniciativa busca dotar de herramientas legales al Estado para combatir con mayor rigor a las bandas criminales que utilizan métodos terroristas para extorsionar, intimidar y asesinar. Sin embargo, voces como la del parlamentario Roberto Chiabra plantean un enfoque más categórico: estos delitos deberían ser considerados directamente como actos terroristas, sin adjetivos que los atenúen.

La distinción entre “terrorismo urbano” y “terrorismo” es, para muchos, innecesaria, ya que ambos buscan el mismo fin: generar miedo y caos en la sociedad.

Paralelamente, la legisladora Rosselli Amuruz de Avanza País trabaja en una iniciativa para sancionar con destitución a jueces y fiscales que favorezcan la libertad de criminales capturados en flagrancia. Esta medida responde a una preocupación legítima: la impunidad con la que operan muchas bandas criminales se ve favorecida por la ineficiencia o corrupción en el sistema judicial. La propuesta busca corregir estas fallas, aunque su impacto dependerá de su efectiva aplicación.

El exministro del Interior Gastón Rodríguez ha enfatizado que ninguna norma, por severa que sea, podrá tener éxito si no se reforma integralmente el sistema de justicia. Sin una adecuada coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, las nuevas leyes serán meramente simbólicas.

Para Rodríguez, la reestructuración de estas instituciones es el paso inicial para combatir eficazmente al crimen organizado. Solo después de realizar esta “profilaxis”, como él la llama, se podrá pensar en la aplicación de penas más severas.

En este sentido, la creación de una Fiscalía ad hoc para delitos como la extorsión es crucial. La propuesta del Gobierno de conformar una Fiscalía Supraprovincial especializada en extorsión y el anuncio de la creación del Grupo Operativo contra la Extorsión (Gorex) son esfuerzos importantes, pero insuficientes si no se abordan de manera integral.

Para que estas iniciativas sean efectivas, se requiere inversión en tecnología para rastrear a los criminales, capacitación especializada para los efectivos de la PNP y una estrategia coherente y centralizada en la lucha contra el crimen organizado.

El escepticismo del fiscal Jorge Chávez Cotrina respecto a la necesidad de una Fiscalía especializada en extorsiones subraya la falta de consenso dentro del propio aparato estatal. Mientras no se logre una coordinación efectiva entre los operadores de justicia, los esfuerzos de la Policía Nacional podrían resultar en vano, generando frustración tanto en las autoridades como en la ciudadanía.

En conclusión, la lucha contra el crimen organizado en Perú requiere no solo leyes más estrictas, sino una reforma estructural de las instituciones encargadas de aplicarlas. La creación de nuevas normativas, como la que tipifica el “terrorismo urbano”, debe ser acompañada por una reingeniería profunda del sistema de justicia. Sin una verdadera articulación entre los poderes del Estado, los esfuerzos para combatir la criminalidad continuarán siendo insuficientes, perpetuando la inseguridad y el miedo que hoy dominan el panorama nacional.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.