La Constitución se reforma para bien y no para mal

La Constitución, como norma jurídica de mayor jerarquía, contiene disposiciones o preceptos fundamentales que, como principios rectores, estructuran al Estado y establecen los mecanismo para su funcionamiento. En ese sentido, su contenido responde a procurar evitar que se repitan experiencias negativas en el funcionamiento del poder político.
Nuestra Constitución de 1993, con variadas modificaciones durante su vigencia de más de 27 años, estableció en su contenido determinados criterios que eran la respuesta a la coyuntura vivida por el pueblo peruano en la época que fuera elaborada. Al respecto, podemos estar o no de acuerdo con lo que ella dispuso en la variedad de materias de su contenido, pero lo cierto es que, en el transcurso del tiempo y con el cambio de la realidad social, política y económica la norma fundamental tenía que irse adecuando a esos cambios.
Pero, para que una norma constitucional sea reformada es necesario que se encuentre no sólo suficientemente fundamentada, sino que se haya inspirado en aquellas experiencias con resultados negativos que fueron las motivadoras de su preparación. Es decir, darle un contenido con dispositivos que aseguren no volver a exponer a la población a situaciones ingratas, especialmente en el rubro económico que es el que afecta el bolsillo del ciudadano común y corriente, haciendo difícil satisfacer las necesidades en su diario vivir.
Esta breve reflexión, sobre nuestro pasado, tomando en cuenta el presente y lo que se pretende al proponer una reforma constitucional orientada a cambiar algunos aspectos del sistema económico establecido en la actual Carta Política, motiva una seria preocupación por lo que pueda acontecer en el futuro por la nefasta experiencia que nos tocó vivir hace pocas décadas.
No es necesario ser un experto en economía para darse cuenta de que, en una economía social de mercado, el control de precios de los artículos de primera necesidad es el principal motor que genera desabastecimiento, acaparamiento y especulación. O, lo que es lo mismo, produce condiciones económicas que el común de las personas lo sentirán en su canasta familiar, cuando se den cuenta de que su poder adquisitivo, con los escasos ingresos que tienen, se verán aún más limitados al no poder atender todas sus necesidades.
Por lo tanto, el proyecto presentado por la bancada partidaria que tiene la primera mayoría relativa en el Congreso, signado con el numeral 022-2021, el cual promueve la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución, se orienta a procurar el establecimiento de un nuevo control de precios sobre el cual tenemos un triste recuerdo, y que obviamente no queremos volver a experimentarlo.
A los congresistas del partido Perú Libre y a los parlamentarios de las otras agrupaciones políticas representadas en el Parlamento hay que recordarles que, cualquier reforma constitucional que se proponga debe ser para mejorar la realidad existente y no para empeorarla. Realidad que, por cierto, mejor la pueden explicar los economistas y que son los que ya se están dejando escuchar, horas después de haber conocido de esta iniciativa legislativa.
La subida incontrolable de los precios de los artículos de primera necesidad, la devaluación de nuestra moneda y la inestabilidad económica en el Perú, no se resuelven con nuevas leyes ni menos con reformas constitucionales. Se resuelven con decisiones de gobierno, que produzcan cambios en el manejo de la política económica, en base a propuestas razonablemente planificadas, dejando a un lado el populismo que únicamente sirve para engañar sutilmente a la población.
El pueblo peruano no puede ni debe seguir siendo laboratorio de experimentos económicos, que terminen por afectar su deseado desarrollo.

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