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La constitucionalidad y la juridicidad

Fecha Publicación: 02/01/2019 - 21:40
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En el Perú prevalece el Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo debe entender que el Artículo 51 de la Ley de leyes es sumamente claro, al señalar que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.

Sin embargo, por desconocimiento del presidente de la República, del jefe del Consejo de Ministros, los ministros de Estado o la legión de asesores, pareciera que ninguno leyó la Carta Magna, el Artículo 118 prevé que “Corresponde al Presidente de la República:”, inciso 1 “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”. Más claro ni el agua.

Por lo tanto, al amparo del Artículo 158, el Ministerio Público es autónomo. El fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, solo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría.

Más aún, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo Nº 052) especifica en su Artículo 1, que “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado”. En tal sentido como autónomo tiene y debe ser respetado, la sola injerencia del Poder Ejecutivo es un írrito jurídico inaceptable en un Estado de Derecho, que afecta la constitucionalidad y la juridicidad en el país. También que el presidente Martín Vizcarra cuestione la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato.

“En función del análisis legal, respetando la independencia de poderes, las leyes y la Constitución, daremos a conocer las medidas que vamos a tomar”, expresó Vizcarra. “Las medidas que vamos a tomar responsablemente tienen que ser con base en un análisis técnico, legal, que recién lo estamos elaborando con los ministerios correspondientes. Adelantar no seria lo más responsable”, sentenció.