La corrupción al desnudo
El conflicto entre Rutas de Lima S.A.C. (RLSAC), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y diversas entidades del Estado peruano ha motivado que los socios de esa empresa inicien su proceso de disolución y liquidación, amenazando con presentarse ante instancias internacionales para embargar al Estado.
El origen del conflicto es la concesión que obtuviera RLSAC para administrar los peajes de la metrópoli capitalina. Esta cubre las rutas que sirven a las poblaciones por las cuales atraviesan tanto la carretera Panamericana Norte como Sur, en toda la región Lima.
RLSAC regenta aquellos peajes bajo un corrupto contrato de concesión, firmado por la entonces alcaldesa Susana Villarán en el año 2013, mediante el cual ella recibió como soborno ¡once millones de dólares! Posteriormente se asociaron al proyecto Odebrecht y Graña y Montero, completando así el consorcio Rutas de Lima.
Más adelante, Odebrecht enajena el 57 % de su accionariado en RLSAC, conservando el 25 % y vendiendo el 18 % restante a Sigma SAFI. También, durante y después de la gestión de Villarán, se firmaron adendas que modificaron el contrato original, posteriormente cuestionadas por falta de transparencia y presuntas irregularidades.
Finalmente, en enero de 2023, bajo la alcaldía de Rafael López Aliaga, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por unanimidad declarar que el contrato de marras afectaba el interés público, activando la cláusula de terminación unilateral.
Hablamos de actos pletóricos de corrupción vinculados al affaire Lava Jato. Tanto así que, durante los últimos años, diversas sentencias judiciales —incluso del Tribunal Constitucional— ordenaron suspender el cobro en veintiséis casetas de peaje, alegando afectación al derecho al libre tránsito; hecho que, a su vez, redujo los ingresos de la concesionaria en más del 60 %.
Bajo la gestión de Rafael López Aliaga, la MML ha promovido acciones legales para anular el contrato de concesión, exigiendo que la Fiscalía —vía los fiscaletes Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez— demande al Poder Judicial la suspensión del cobro de peajes en el resto de la concesión, al sur de Lima.
Hace escasos días, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima aprobó la disolución y liquidación de la empresa, alegando “hostigamiento” por parte de la MML y otras entidades estatales, reservándose el derecho de acudir a instancias nacionales e internacionales; incluso recurrir a arbitrajes ante lo que consideran la “destrucción” de su inversión por parte del Estado peruano.
Especialistas manifiestan que, si los socios de Rutas de Lima activan mecanismos de arbitraje internacional como el CIADI, podrían demandar al Estado peruano por incumplimiento contractual y expropiación indirecta.
Esto podría derivar en embargos de activos del Estado peruano en el exterior, como ha ocurrido en otros casos de arbitrajes internacionales, por ejemplo con Doe Run, Odebrecht, entre otros.
Mientras tanto, RLSAC ha asegurado que seguirá operando las vías concesionadas, aunque en lo sucesivo bajo un régimen de liquidación.
Estos hechos grafican las desastrosas consecuencias de uno de los innumerables contratos corruptos pactados entre Odebrecht y dependencias del Estado peruano, por los que la corruptora contratista brasileña ha pagado comisiones multimillonarias a políticos corruptos, como Susana Villarán de la Puente.
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