La corrupción privada

Al margen de si lo que mueve la corrupción son los funcionarios públicos pidiendo su tajada, o los empresarios privados ofreciendo coimas para que las cosas salgan como ellos esperan, es evidente que la corrupción en el país se ha “normalizado”, está en todas partes y cada día nos sorprenden nuevos escándalos, desde las alturas del poder hasta los sectores menos favorecidos. Sabemos que el problema no se soluciona a corto plazo.

Principalmente porque se trata de infundir (o recuperar) nuevos valores, tarea que se inicia en la familia y luego en el colegio y esperar que estos se internalicen en una nueva generación de profesionales, empresarios, políticos, obreros, ciudadanos.

Lo que no excluye la búsqueda de alternativas que puedan morigerar el problema en un plazo cercano. Y aunque la imagen del Perú esté distorsionada por el hecho de tener presos a dos expresidentes, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción; y Pedro Castillo, quien enfrenta seis investigaciones fiscales por tráfico de influencias y rebelión; y otros tres expresidentes con diversas investigaciones en la Fiscalía; eso de ninguna manera quiere decir que los presidentes de otros países sean un ejemplo de honradez, sino que lo más probable es que los poderes fácticos de cada país no permitan que los expresidentes sean condenados, y en algunos casos, ni siquiera investigados.

Sin olvidar que, en mi opinión, el principal generador de más corrupción es la impunidad, y otro son los incentivos perversos. En relación a este último aspecto, considero que los montos establecidos para las reparaciones civiles son muy reducidos y definitivamente no alcanzan para cubrir los daños causados. Asimismo tenemos las solicitudes de penas de prisión más extensas para los corruptos que para los corruptores. Es que con las condiciones anteriormente referidas versus los ingresos percibidos por los corruptores, se generan las condiciones para que se repitan operaciones similares.

De otro lado estamos apreciando que las normas y procedimientos para prevenir la corrupción no están funcionando como se esperaba, no solo en Perú sino también en otros países. Es así que Odebrecht, antes que estallara el escándalo Lava Jato, había sido condecorado como una empresa que cumplía fielmente con las normas de Buen Gobierno Corporativo. Y algo similar debe haber sucedido con algunas de las empresas que están siendo investigadas en el Club de la Construcción y en otras investigaciones del Ministerio Público.

De lo que se trata es que el Gobierno internalice que en la situación actual de nuestro país: siendo uno de los países que mayores regulaciones tiene en nuestra región, con un retraso importante en las reformas políticas y económicas imprescindibles para reanudar nuestro crecimiento, atraer mayor inversión privada, generar empleo y reducir nuestro niveles de pobreza, el sumarle el nivel de corrupción vigente es un factor adicional que afecta severamente nuestros niveles de competitividad. Como lo hemos constatado repetidamente con nuestra caída en los rankings de competitividad internacionales.

De ninguna manera podemos seguir con el inmovilismo actual, esperando a las próximas elecciones. Porque de seguir en el curso actual nos llevaremos una muy ingrata sorpresa en las próximas elecciones generales. Y eso es algo que no podemos darnos el lujo que ocurra.

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