La corrupción y los excesos judiciales
La corrupción, sin duda, es un grave problema que dificulta el desarrollo normal de los países en general y al estar presente en el nuestro, lamentablemente, es una de las causas que anualmente afectan el deterioro de nuestro PBI, en el orden del 1% al 2.5%, incrementando nuestra pobreza.
Normalmente, la corrupción se presenta en funcionarios de los diferentes sectores del Estado, especialmente entre algunas altas autoridades: presidenciales, ministeriales, militares, policiales, judiciales, regionales, alcaldes, entre otros.
Para eliminar o reducir esta lacra, son necesarias una serie de acciones, entre ellas, implementar un buen programa anticorrupción, apoyado por sus propias autoridades de gobierno, prensa, ciudadanía y sobre todo con una intervención equilibrada de Justicia respetando sus códigos.
El Gobierno del presidente Vizcarra asumió como su principal objetivo: abolir nuestra corrupción, pero su compaña sólo se concentró en repetir constantemente “NO a la corrupción” y al no tener un plan preestablecido, ni contando con la colaboración de sus propias autoridades y con un Poder Judicial desacreditado, este intento lamentablemente va rumbo al fracaso y con un promotor presidencial seriamente cuestionado. Generalizándose además que gran parte de los peruanos y autoridades sean etiquetados como corruptos, provocándose motivaciones negativas en el aparato judicial y en el crecimiento del país.
Al respecto, algunos deficientes jueces han venido dando curso a determinados expedientes presentados por fiscales sin los debidos sustentos legales, llenos de incoherencias y errores, sobre todo con sesgos alejados de la verdad y siempre ubicando al investigado como un corrupto, involucrado en lavado de activos y formando parte de una banda criminal.
Esta discutible situación ha tenido el beneplácito presencial y empoderamiento de los fiscales, produciéndose una serie de operativos violentos, en contra de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, ingresando a sus domicilios, deteniéndolos en compañía de un mínimo de 15 policías fuertemente armados y enmarrocando innecesariamente al presunto culpable.
Este tipo de incursiones utilizadas, efectivamente, pueden ser necesarias al tratarse de situaciones relacionadas con delincuentes ligados al crimen o encontrados culpables de corrupción.
Pero hace varios días, con ocasión de las investigaciones relacionadas con el señor Cisneros (curioso personaje Richard Swing), por su contrato con el Ministerio de Cultura, sus visitas a Palacio y con el entorno cercano al señor Presidente, el tercer despacho de la Fiscalía en Delitos dirigió un operativo espectacular de allanamiento y detención preliminar por siete días, a varios funcionarios del Gobierno por delito de corrupción, colusión agravada, negociación incompatible, etc. etc.
Con relación a los contratos y visitas al Presidente, tienen que seguir las investigaciones, pero esto no debe implicar detenciones de madrugada, con intervención de 10 fiscales y otros 10 peritos del Ministerio Público, enmarrocando a mujeres indefensas, incluso en camisón de dormir y sin posibilidad alguna de huir, burlando la presencia de 60 policías de la División de Alta Complejidad.
Finalmente, estos exagerados y cuestionables operativos y las largas detenciones preventivas con encarcelamiento están generando desconfianza en los ciudadanos, disminuyéndose así el interés en colaborar o trabajar en puestos de importancia dentro del Estado.
