La cuestión de la cuestión
Por si acaso no es una cantinflada. Estos borrones se pergeñan antes del lunes pasado en el que Ejecutivo y Congreso se han echado otro pulso esta vez sobre la polémica renovación parcial de los magistrados del TC y la cuestión de confianza (CC), mientras el país continúa atrapado por una crisis institucional interminable provocada por la incapacidad de ambos Poderes para dialogar y convivir democráticamente. Las culpas son repartidas aunque más para el lado de la mayoría congresal opositora y adláteres.
Ya que con gran torpeza y chauvinismo no se esperó a contar con la opinión ilustrada de la Comisión de Venecia cuya delegación terminó desairada ni hubo espacio para la elemental reflexión y cordura archivándose al carpetazo en la Comisión parlamentaria el proyecto de adelanto de elecciones generales, puede resultar útil –sea lo que hubiese ocurrido el pasado lunes- recordar lo que decidió el TC no hace mucho con relación a la CC.
La verdad, más que el parecer o el fraseo de respetables constitucionalistas de cualquier bando –no sabíamos que tuviésemos tantos en el Perú- lo que realmente importa es lo que resolvió en esta materia el máximo Tribunal de control de la Constitución en la República.
Con motivo de la intromisión del Parlamento en los fueros de Gobierno limitando reglamentariamente el ejercicio de la CC, el TC fundamentó textualmente:
“Este TC encuentra que la CC que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. (Establecer) que no procede la interposición de una CC cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o procedimiento legislativo o de control político, resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance entre Poderes (…)”.
El proyecto de Gobierno sobre el que se planteó la CC propone modificar la Ley Orgánica del TC para garantizar la mayor transparencia y neutralidad en el procedimiento de elección de sus miembros. Esto no vulnera la atribución del Parlamento y va en línea con las políticas públicas anticorrupción y de fortalecimiento institucional del Estado. Pero claro, no sabemos si estos renglones fueron escuchados el lunes de marras. ¡Amén!
