La delincuencia: una daga en el corazón del país

En su círculo más íntimo, Pablo Escobar dijo alguna vez, “Yo a veces soy Dios, cuando quiero que un hombre muera… muere ese mismo día”.
Y es que el poder de Pablo Escobar era inconmensurable. Para nadie es un secreto que, en Colombia, en los años ochenta, el cartel de Medellín no solo le declaró la guerra al Estado, sino lo puso contra las cuerdas, se produjo lo que se llama un ‘equilibrio de fuerzas’.
Asesinatos a sangre fría de policías, fiscales, jueces, periodistas, un ministro de Estado y hasta candidatos presidenciales por la insania del narcotráfico bañaron de sangre el suelo colombiano en medio de edificios derrumbados por la detonación de bombas y hasta aviones que volaban en pedazos en pleno vuelo.
Esa violencia se trasladó luego a México. Colombia era el país con el mayor número de secuestros, pero hoy México es donde se produce la mayor cantidad de secuestros y asesinatos por encargo. En su reporte nacional de secuestros, la organización civil Alto al Secuestro registró 1,737 víctimas de secuestro en México hasta agosto de 2024. La ciudad más peligrosa del mundo hoy es Juárez.
Y en el Perú la situación de violencia no es muy diferente. Todos los días vemos en las noticias casos de asesinatos por lucro, por robar un celular, por encargo o por ajuste de cuentas a plena luz del día, incluso de familias enteras.
Un conductor de combi de transporte público fue asesinado a balazos por sicarios por no pagar una cuota extorsiva de 7 soles. Eso ya excede todos los límites.
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones en el año 2017 se registraron 671 homicidios, en 2023 hubo 1,495 y en 2024 ya se reportan 1,962 personas asesinadas por sicarios entre el 1 de enero y el 21 de diciembre de este año —31.24% más que en el 2023—; mientras que de enero a noviembre hubo 19,749 denuncias por extorsión, un incremento exponencial de este delito, comparado con 2021, cuando se registraron 3,783 de estos casos.
La búsqueda de mayores niveles de seguridad ciudadana es una tarea que debe involucrar no sólo a la Policía, sino a los políticos, autoridades, medios de comunicación, a la ciudadanía en general.
La presidenta ha puesto sobre la mesa la pena muerte, se habla de mejorar la inversión en infraestructura carcelaria, de reducir los beneficios penitenciarios, de endurecer las penas, entre otras muchas ideas.
Lo cierto es que, en este momento, la delincuencia, junto con la corrupción y la economía, es uno de los principales problemas de la población. Y atacarla frontalmente requiere liderazgo, capacidad de acción y recursos.
Y es necesario también, en el marco del proceso de descentralización, diseñar consensos de gestión con los gobiernos locales y regionales, para la formulación de los Planes de Seguridad Ciudadana, establecer objetivos, indicadores y metas que permitan el monitoreo y evaluación del servicio policial, así como comprometer recursos para la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación.

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