La democracia de informar y de informarse

La democracia no es únicamente una forma de gobierno sino una forma de vida política; es decir, su funcionamiento se orienta a lograr que la población no actúe sólo en procesos electorales para elegir a sus representantes o para ser consultada sobre un asunto que le interesa al conglomerado social, sino que se involucre con mayor continuidad en el manejo de la administración del Estado.

Pero, para que la ciudadanía pueda verse comprometida para opinar y actuar con mayor efectividad en la dinámica política es necesario que lo haga con conocimiento de causa, teniendo a su alcance la información cierta, clara y suficiente que le permita tomar decisiones correctas y adecuadas.

Razón por la cual los medios de comunicación en sus diversas modalidades juegan un papel determinante en procura de servir como instrumento de información ciudadana, permitiendo con ello que el derecho de informarse que tienen las personas, igualmente, se respete y proteja.

Consagrado en nuestro ordenamiento constitucional vigente, se encuentra el derecho de toda persona “…A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley”; lo cual significa que establecer límites al derecho de informar genera una violación a la libertad de prensa que toda democracia debe garantizar.

Cuanto menos intervenga el poder político y la justicia cumpla su rol de resolver conflictos, la libertad de información estará mejor garantizada. En consecuencia, pretender, como se anuncia, tipificar como delito la difusión de información fiscal sobre casos penales, sería coartar el derecho de informar que le corresponde a la prensa, así como también el derecho de informarse que tiene la ciudadanía.
Si alguna persona, sea o no autoridad, se considera agraviada en su honor, reputación o imagen por la difusión de una información que carece de veracidad tiene el derecho de reclamarle al medio de comunicación social para que se rectifique, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de la afectación.

Pero, algo más; si el informar quiere decir dar o difundir la noticia y, el opinar es comentar la información, también se debe tener presente que, la Constitución que nos rige establece que “no hay delito de opinión”. Por lo tanto, hay que evitar colocar cortapisas al ejercicio de los derechos institucionalizados en nuestro ordenamiento legal y, por el contrario, contribuir con decisiones desde el manejo del poder político, a fin de que nuestro sistema democrático sea más participativo.

El dinamismo dentro del cual se desarrolla la administración de la cosa pública, como es obvio, por parte de los que se ven involucrados, produce inquietudes o preocupaciones personales que, a su vez, genera reacciones no procedentes en nuestro sistema normativo. Pero, por suerte, la forma como se organiza el poder político, ha previsto que el control entre los poderes del Estado asegure que el cualquier exceso en la toma de decisiones pueda ser corregido, sin llegar a afectar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Reitero, si la democracia es una forma de vida en sociedad, donde los ciudadanos que la integran no deben ser sujetos activos solo temporalmente (en épocas electorales), convirtiéndolos en actores pasivos de la acción política, debemos conseguir que la población actúe con un criterio más participativo y comprometido.

En ese sentido, la prensa, como medio de comunicación social, que algunos la califican como “Cuarto Poder del Estado” debe ser plenamente garantizada y protegida su libertad parta actuar, respetando la diversidad de criterios u opiniones que puedan tener quienes distribuyen las noticias y especialmente de quienes las comentan.

El trabajo del “periodismo de investigación”, hoy tan importante en nuestra vida política, contribuye con la administración de justicia en su complicada función. Si conseguimos que ambos sectores puedan actuar con independencia y autonomía, estamos asegurando que nuestro sistema democrático está camino a mejorar.