La democracia disfuncional

El hartazgo ciudadano con el sistema democrático peruano —expresado en su sentimiento de absoluto rechazo al gobierno de la Sra Boluarte, de repulsión por los dichos y hechos del Congreso de la República, de total desconfianza frente a instituciones tutelares como la policía, el ministerio público o el Poder Judicial— tiene un trasfondo económico, aunque no se limita a ello.
En efecto, el desencanto de los peruanos con la democracia de papel que nos rige se alimenta del sentimiento de frustración que surge de comprobar algunos datos de la realidad: una apabullante informalidad laboral que explica porqué cerca de 20 millones de personas en el Perú viven con ingresos eventuales que los sitúan firmemente debajo de la línea de pobreza y los aleja del sueño de pertenecer a “la clase media”.
Un sistema político democrático que, de la mano de un sistema económico de capitalismo atrofiado, lleva sobre sus hombros más de un millón de niños menores de 5 años, desnutridos; y millones de estudiantes que a pesar de los años “de estudio” muestran al terminar la secundaria una casi nula capacidad lectora o de razonamiento matemático —por lo menos el mínimo necesario para integrarse con alguna expectativa de éxito al mundo laboral o de seguir estudios superiores que no sean una estafa con “títulos a nombre de la Nación “.
En pleno siglo XXI y después de casi tres décadas de crecimiento económico apenas interrumpido por una que otra crisis internacional, millones de personas siguen careciendo de servicios de saneamiento básico, de agua y desagüe, de electricidad y que, en un mundo digital, carecen de los servicios más básicos de Internet.
A la lista de frustraciones—hay que añadirle la inoperancia del Estado peruano, incapaz de brindarle a los ciudadanos los servicios públicos de calidad que, en teoría, justifican su razón de existir. Miles y miles de de proyectos de inversión pública paralizados por la corrupción más abyecta—, incluyendo hospitales, colegios, carreteras, pistas, canales y regadíos.
Y el servicio público más importante —la protección de la vida— arrasado por una ola cruenta de criminalidad, impulsado por la interacción de las economías criminales, incluyendo el sicariato, como no se había visto jamás en nuestra historia reciente.
Frente al dolor de vivir en país incapaz de ser gobernado con mínimos de eficiencia, eficacia y decencia, cientos de miles de peruanos —sobre todo jóvenes mujeres profesionales— vienen adoptando la solución más costosa para el país: dejarlo para siempre, emigrando.
A pesar de todo lo aquí señalado, es necesario tener en claro que el problema no es la democracia como sistema, que de todos los que existe, sigue siendo el mejor. El problema es la democracia disfuncional y los políticos que en ella habitan y los incentivos perversos, como la impunidad, que los ha convertido en elenco estable de la política nacional, llevándonos lenta pero sostenidamente al abismo.

(*)Congresista de la República del Perú

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