La denuncia del Pacto de San José es una necesidad nacional

Denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), jurídicamente significa que el Perú, en su condición de Estado parte -en 1977 decidió voluntariamente firmar su conformidad con el contenido de todo su texto normativo y al año siguiente lo ratificó-, toma la decisión unilateral y soberana de desligarse del referido instrumento jurídico panamericano. No existe ningún impedimento para hacerlo y ni por asomo será sancionado por efectivizar dicha desvinculación jurídica que está expresamente consagrada en el artículo 78 de la CADH, la misma que se concreta remitiendo una comunicación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos – OEA -una prerrogativa del Poder Ejecutivo-, en lo que se denomina el PRE AVISO, y cuyo plazo debe ser de un año, por lo que, una vez transcurrido, el Perú podrá aplicar la pena de muerte para delitos comunes (Artículo 4), debiendo previamente, efectuarse un cambio en la Constitución Política y en Código Penal. Por tanto, mientras estemos atados al Pacto de San José, que la prohíbe, no podremos aplicarla a los violadores de menores de edad que mueren por el ultraje, a los sicarios, etc. que han roto el pacto social universal de respetar la vida, bien jurídico máximo. Debo precisar que la denuncia de la Convención no desliga al Perú de sus responsabilidades de los casos pendientes al momento de la remisión de la carta a la OEA, los que deberán seguir su curso hasta que acaben con sentencias que serán de obligatorio cumplimiento para el Perú, guste o no. Salir del Pacto de San José, lo que implícitamente supone dejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constituyen el denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, deberá llevar al país a buscar otro marco supranacional, que, lo creo indispensable. Haciendo realidad mi tesis de la PATRIA ANDINA, que propuse al Gobierno del expresidente de la República, Pedro Castillo, en 2022, pero que no entendieron ni jota, deberíamos, ahora más que nunca, contar con un Tribunal Andino de Derechos Humanos, tal como lo cuentan los europeos, africanos y en Asia. Esta propuesta la reiteré en el seno del Parlamento Andino en Bogotá (2023). Así, quienes crean que la justicia nacional no satisface sus causas, podrán recurrir a una instancia jurídica fuera del Perú, o sea, en el marco del Sistema Andino de Integración. No deberían hacerse bolas para tomar la decisión pues tampoco es que será para siempre. Cuando logremos vencer a la criminalidad que hoy se impone, y, por tanto, volvamos a tener la paz que nos ha sido secuestrada, entonces, el Perú podrá retornar a la Corte IDH. Nada lo impide como tampoco nadie nos sancionará por apartarnos del Pacto. ¡Créanme!. Es un cuentazo creer que como Estado no podremos aspirar a cargos en organizaciones internacionales, que los países nos cerrarán las puertas a más TLC, o que se truncará nuestro deseo de ingresar en la OCDE. Carácter para salir del Pacto y para aplicar la pena de muerte. Si yo tuviera el poder que no tengo, lo haría.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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