La desnaturalización de las consultorías

La última información de prensa que nos ofreció el diario Expreso, sobre el uso y abuso de las consultorías contratadas por una institución pública, como lo es la Sunedu, no es sino una muestra de lo que se repite con inaceptable frecuencia en casi todos los organismos estatales, cuando injustificadamente se genera un gasto innecesario del erario nacional.

La pregunta que cualquier ciudadano, medianamente informado, se puede formular es cómo justificar que una Superintendencia, como la antes citada, puede haber gastado cerca de 10 millones de soles en pagar 459 órdenes de servicio por consultorías contratadas durante los años 2018 y 2023.

Consultorías que, de acuerdo a la investigación periodística que nos ilustra, tiene el agravante de que las personas y/o empresas que se contrataron no contaban con profesionales suficientemente idóneos que garanticen la buena calidad de sus informes especializados.

Por lo tanto, este es una labor que, con la urgencia que la actual situación amerita, la Contraloría General de la República ya debería estar preparando su “batallón” de fiscalizadores que, con el derecho que le asiste de investigar cómo se usa cada sol del presupuesto público, actúe como celoso guardián del dinero que nos corresponde a todos los peruanos.

Asimismo, desde el Congreso de la República debe de legislarse una normativa que prohíba la contratación de consultorías que no estén suficientemente justificadas y, de ser necesarias, deben ser publicitadas de manera tal que sea de conocimiento de la ciudadanía su requerimiento.

Pues, el “uso” o “necesidad” de informes de consultorías por parte de entidades del Estado lo que demuestra es que, su personal regular (el de todos los días y en todos sus niveles), no tiene ni está en la capacidad de atender y/o resolver los asuntos propios de las funciones o responsabilidades del ente estatal.

En consecuencia, eso nos permite comprobar que el origen de esta mala o pésima “costumbre” de necesitar consultorías para sustentar decisiones políticas, es el criterio que prima en la contratación del personal del organismo público; razón por la cual, el principal filtro para evaluar la calidad e idoneidad de la persona que se va a contratar, debe ser el titular o jefe de la institución pública, quien debe establecer directivas que permitan asegurar que el interés general e institucional prime sobre el interés particular, amical, familiar y/o político partidario.

Ya es tiempo de que se dejen de “utilizar” las instituciones del Estado en el Perú para “pagar favores” o “compromisos”; desnaturalizando el funcionamiento de la administración pública, la cual debe estar orientada a ser un medio de servicio a la sociedad. El correcto o mal funcionamiento de las instituciones del Estado no depende fundamentalmente de su estructura u organización, sino de las personas que las integran, sean estas elegidas o designadas.

Al igual que las empresas privadas, las entidades públicas son el reflejo de quiénes las dirigen e integran. Y, la llamada meritocracia dejará de tener importancia si, para su aplicación, se regula en base a criterios subalternos, orientados a favorecer a determinadas personas.

Si llegáramos a conseguir que la burocracia en nuestra querida Patria, por decir lo menos, tenga características distintas a las que hoy nos ofrece, estamos seguros que no se necesitarán más “consultorías”, ya que el propio servidor público sabrá atender y hacer frente a las necesidades y requerimientos que la población peruana requiere.

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