La economía delictiva dejó de ser invisible

Desde esta tribuna venimos sosteniendo hace mucho tiempo que el problema de la informalidad es un debate que debemos resolver cuanto antes, si queremos asimilar a esta fuerza laboral en la economía formal. Dijimos también que los esfuerzos gubernamentales y empresariales de los últimos 30 años fracasaron estrepitosamente. El resultado fue un incremento del aporte de la economía informal al PBI en más de 70%.
Este fracaso evidencia hoy a un actor que permanecía invisible en los escenarios que los analistas construían para explicar la vieja dicotomía “formal-informal”. Los ilegales, aquellos que convirtieron el pago de cupos, extorsiones y actividades completamente fuera de la ley (narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando, trata de personas, entre otras), instalaron el modo de sobrevivencia violento y anárquico en una realidad. Hoy, se estima que su aporte al PBI supera el 4%.
La economía formal es afectada por esta economía delictiva (como ahora la llaman), pero el mayor impacto lo sufre la economía informal, que resulta más vulnerable ante las prácticas criminales de estos enemigos de la convivencia social, el crecimiento económico y el desarrollo social. No es casual, por ello, que los paros organizados por transportistas informales, comerciantes de mercados, ambulantes y trabajadores de construcción civil logren un alto impacto como medidas de fuerza en las últimas semanas. Ello es resultado de una sensación de alta vulnerabilidad frente a un fenómeno que, por incapacidad gubernamental principalmente, lleva a los ciudadanos peruanos a un límite de hartazgo y desesperación que se expresa en la protesta y la desaprobación de nuestras autoridades.
El hecho de que hoy la economía ilegal y delictiva sea visible en la construcción de escenarios de coyuntura y análisis social, sin embargo, nos permite transparentar la verdadera magnitud del problema. Su solución no compete únicamente a los distintos niveles de gobierno, el Congreso o el Poder Judicial, sino que hoy requiere la actuación pública de todos los actores afectados por el avance incontenible de la acción criminal. Incorporar a los afectados en un mismo frente de lucha es imprescindible para combatir este flagelo. Requiere de acciones de fuerza que restablezcan el orden público, y del rediseño de normativas tributarias y laborales que permitan incorporar cuanto antes a los informales en una nueva formalidad.
La solución del problema informal no debe seguir en la línea de forzar su ingreso a la formalidad con las reglas de juego que hoy existen. Se requiere flexibilizarlas y dejar de lado esa narrativa obsoleta que hoy distingue tres economías en conflicto: formales, informales e ilegales. Debemos simplificar nuevamente el conflicto entre la nueva formalidad (cuyo aporte al PBI alcanza un 96%) frente a los ilegales (cuyo aporte al PBI supera ya un 4%).
El reto es evitar que los criminales tomen por asalto el aparato público y liberen territorios para su actuar ilegal. Esto requiere una nueva narrativa con un identificador colectivo que enfrente con éxito a los ilegales, devolviéndonos la tranquilidad y la confianza que requieren los empresarios consolidados y emergentes para continuar por la senda del crecimiento económico y el desarrollo social.

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