La estrategia del terror

A pesar que el Perú está bajo ataque de una coalición de grupos terroristas y delincuenciales, todavía no hay una reacción adecuada ni del gobierno ni de la sociedad.

Muchos siguen calificando la escalada de terror como “protestas sociales” y tratando de explicar los violentos ataques de las turbas contra las fuerzas del orden y asaltos a aeropuertos, instalaciones mineras y saqueos por “la ausencia del Estado”. Son necedades.

Ni la desigualdad ni ningún problema social explican esta agresión concertada que pretende instaurar una dictadura del socialismo del siglo XXI en el país, así como la pobreza no fue el motivo de la guerra que Sendero Luminoso y el MRTA le declararon al Perú, sino la ambición de poder y la ideología fanática de un grupo de intelectuales marxistas.
Ahora se trata de la alianza de los herederos de SL y el MRTA con grupos delincuenciales de narcotraficantes, mineros ilegales, contrabandistas y otros malhechores, que han prosperado desmesuradamente en un país con 70% u 80% de informalidad.

El modelo político y las formas de lucha ya no son las de la década de 1980, sino las que han triunfado desde el 2000 en América Latina, una combinación de disturbios violentos azuzados y organizados por esos grupos, y participación en elecciones con mensajes populistas que fácilmente entusiasman a las masas, para hacerse del gobierno, destruir la democracia e instaurar dictaduras perpetuas.

La descomunal ineptitud del delincuente recluido en Barbadillo y de sus secuaces los llevó al desastre, a pesar que se habían apoderado -con el respaldo de los caviares- del gobierno. Con un líder algo menos incompetente habrían podido capturar todo el poder y probablemente en este momento el Perú ya se habría despeñado en un abismo sin fondo.

A su fracaso han reaccionado de la única manera que saben hacerlo, recurriendo a la violencia para provocar el caos y tratar de recuperar el gobierno. De más está decir que si lo logran acabarían velozmente con lo que queda de democracia y de institucionalidad, con el respaldo incondicional de sus seguidores que, como es obvio, son tan brutales y autoritarios como sus cabecillas.

Por eso los llamados a la calma, al diálogo y a la paz caen en saco roto. No hay ninguna demanda económica ni social negociable.

En circunstancias como estas, ante grupos que quieren imponerse por la violencia de una insurrección, solo cabe la disuasión de la fuerza.

Y no se trata de seguir publicando decretos que no se cumplen. Algunos exigen estado de sitio, como si esas palabras mágicas resolvieran algún problema. Con el estado de emergencia el gobierno tiene los instrumentos legales para actuar con firmeza, pero no los utiliza por miedo y debilidad. O los utiliza espasmódicamente.

El ataque coordinado a los aeropuertos, el asalto a comisarías, sedes judiciales, empresas mineras y centros comerciales no se detiene con discursos ni decretos sino con acciones.