La facultad para designar de la presidenta de la República

Dentro del marco de facultades que corresponde a la persona que ejerce la presidencia de la república en el Perú, comenzando por la atribución de nombrar a los ministros de Estado, es la de poder designar a las autoridades que tengan a su cargo dirigir importantes instituciones del Estado. En ese sentido, son pocos los casos en los que se requiere que el Congreso confirme la decisión.

Para el efecto, quien ejerce la jefatura del Estado debe tomar en cuenta las características y antecedentes de la persona que será nombrada para ocupar una determinada función y, asimismo, debe considerar la idoneidad y capacidad que pueda tener el funcionario para poder dirigir o conducir con eficiencia una determinada institución estatal.

La decisión política del gobernante, en el ejercicio de su poder, con miras a administrar la cosa pública eficientemente, lo obliga a dejar de lado compromisos partidarios, amicales y, especialmente, los familiares; y, lo único que debe priorizar es estar seguro de no equivocarse. Pues, el error que pueda cometer, afectará no únicamente su imagen y credibilidad frente a los gobernados, sino que, igualmente, esa ineptitud en la toma de decisiones, puede conllevar finalmente a no tener los resultados esperados en cuanto al manejo de la institución que se le encarga.

Un buen abogado no siempre es un buen ministro de justicia e, igualmente, no siempre un buen médico es un buen ministro de salud, lo cual significa que dirigir un organismo del Estado implica que la persona que lo tenga a su cargo debe tener capacidad para identificar e interpretar con claridad los requerimientos y necesidades que deben ser, en orden de prioridad, atendidos por el Poder Ejecutivo, como órgano estatal que tiene a su cargo la administración pública.

Las últimas decisiones de quien ejerce la jefatura del Estado, en cuanto la designación de algunas personas en el rubro de la salud, han generado una reacción negativa por parte de determinados sectores políticos, así como también de los profesionales de la medicina quienes, al hacer llegar su voz de protesta, terminan por mellar la imagen de quien ejerce la más alta magistratura del país.

Son tan variados y numerosos los problemas que aquejan al Perú, como los que tienen que ver, además de la salud, con la seguridad, la educación, y la estabilidad económica, por citar a los que más padecemos, que ya no se puede aceptar se continúe incurriendo en equivocaciones al momento de designar autoridades, pues los efectos negativos afectan el funcionamiento de la estructura social.

En ese sentido, debemos recordar a nuestras autoridades que no somos un “laboratorio de experimentación” que permita que se siga “ensayando” con decisiones equivocadas. La población peruana requiere vivir en un ambiente social suficientemente equilibrado, donde las decisiones gubernamentales, además de ser claras, precisas y convincentes, se dirijan a eliminar la creciente inseguridad, la poca atención en salud y que la educación esté al alcance de todos, en todos los niveles.

Para lograr que la democracia se institucionalice en nuestro país se necesita que se desarrolle la cultura política de nuestro pueblo, y ello se logra con más educación; además que la población pueda vivir y transitar sin estar con el temor de poder ser agredido o asaltado por el incremento sorprendente de la actividad delincuencial y, además, el común de las gentes debe percibir que su salud se encuentra debidamente protegida por los entes estatales.

Todo ello se puede conseguir si, a la hora de ejercer la facultad de designar a quienes van a ejercer un cargo en la administración pública, la presidente de la república lo haga pensando o inspirada en el bien común, como finalidad del Estado, y que constituye poner a disposición del pueblo peruano de las condiciones suficientes para su desarrollo social y con la posibilidad de que la persona pueda lograr su realización.

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