La fama de ser potencialmente peligrosos

No existe persona que no se haya asustado cuando ve con cercanía y con bozal y atados con correa reglamentaria, a un Pitt Bull o un Rottweiler? Su fama de APP -animales potencialmente peligrosos-, confirmada en un listado oficial junto con otras seis razas (Staffordshire Bull terrier, american Staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y Akita inu), les precede.

La pregunta es si estos animales se merecen esa etiqueta o pretenden desaparecerlos, como propone el borrador del anteproyecto de ley de protección animal presentado el 6 de octubre por el Ministerio de Derechos Sociales en España.

Los veterinarios y profesionales del sector son tajantes y sostienen que no existe base científica para asociar agresividad con determinadas razas caninas, aunque sí con individuos concretos que pueden pertenecer a cualquier tipo, sea o no de los considerados peligrosos.

El problema, apuntan, es que, una vez eliminada esa clasificación, el texto del anteproyecto, que se prevé esté aprobado en enero de 2023, no concreta el procedimiento a seguir para determinar qué individuos son conflictivos, ni en qué va a consistir el test de sociabilidad que proponen si se detecta a un perro peligroso ni quien lo va a llevar a cabo.

Con la nueva normativa desaparecerá también la licencia, obligatoria en la actualidad, que pide a los propietarios no tener antecedentes penales.

Las modificaciones que propone el anteproyecto son justas para los perros, señala José Miguel Doval, portavoz de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), porque “no se puede someter a los animales a medidas tan estrictas por ser de una raza”.

En la actualidad, deben llevar bozal y una correa corta y no se les puede soltar nunca fuera de casa, “da igual que seas el Pitt Bull con mejor carácter del mundo”. Otra cuestión es si “eliminarlas tan de golpe puede resultar problemático, porque detectar si un ejemplar es controlable o sociable no es fácil, y menos aún implementar el sistema para realizarles un test”.

Se necesitan personas con formación en comportamiento animal, “y no hay tantos”, dice.

A este respecto, Nuria Menéndez, directora del Observatorio para la Justicia y Defensa de los Animales, se pregunta de qué forma se va a controlar a esas personas. Porque, “si no cumplen con los requisitos de tenencia responsable, ni los esterilizan, ni los pasean con bozal y correa, ¿cómo van a presentarse para pasar un test de sociabilidad?”.

Según los datos que maneja la Dirección General de Bienestar Animal, en España existen unos 150,000 ejemplares de esas razas, cifra que podría subir al doble si se tiene en cuenta a los ejemplares no registrados. Son estimaciones, recalcan.

Para incrementar la confusión, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos pueden añadir más razas a las contempladas en el real decreto vigente ahora, que desarrolla la ley 50/1999. Hay lugares donde se da la paradoja de propietarios de perros que residen en un municipio donde su mascota es considerada potencialmente peligrosa, mientras que en el de al lado no.

Estas razas añadidas suman unas ocho más y entre ellas están el dóberman, el preso canario o el dogo de Burdeos.

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