La fiscalía y la prensa

El avance de las investigaciones de la fiscalía ha llevado a Pedro Castillo y sus secuaces a acelerar sus planes para disolver el Congreso. Pero no solo porque el Parlamento puede eventualmente destituirlo –cosa improbable ahora-, o porque aprueba leyes incómodas para el Gobierno o censura a algún ministro. En realidad, eso es indispensable para la gavilla en el poder para liquidar a dos de sus obsesiones, la fiscalía y la prensa independiente.

Si bien la fiscalía no puede procesar a Pedro Castillo, sí lo hace con sus familiares y allegados cercanos, y está obteniendo resultados, como muestran las últimas detenciones de José Luis Fernández Latorre, jefe del servicio de inteligencia (Dini) y muy importante pieza en la organización criminal que encabeza Castillo, según el Ministerio Público, así como otros miembros de esa caterva de delincuentes.

Eso es intolerable para Castillo y sus secuaces, que constantemente van perdiendo integrantes fundamentales de su banda. Peor aún, algunos se convierten en colaboradores de la justicia para evitar ir a prisión y obtener algunos beneficios.

Eso no solamente debilita el esquema de corrupción establecido desde el principio, sino les dificulta seguir robando como lo han venido haciendo. No pueden saquear las arcas públicas a voluntad porque se dan cuenta que los están vigilando.

La labor de la prensa independiente es también decisiva porque investiga y pone al descubierto diariamente los hechos delictivos, el pésimo desempeño de los ineptos funcionarios que se han apoderado del Estado y muchas de las trapacerías que comete esa horda de malhechores e incompetentes que han ocupado las entidades públicas.

El problema para Castillo y su cuadrilla es que no pueden liquidar a la fiscalía y la prensa independiente mientras exista el Congreso. Necesitan hacerse del control total para anularlos.

Si disuelven el Congreso tendrán el camino libre para ejecutar sus protervos propósitos.

Como es obvio ahora, hasta para los más ilusos, si cierran el Parlamento no será para convocar a nuevas elecciones como manda la Constitución. Eso sería absurdo, desde el punto de vista de la pandilla en el gobierno, porque no tendrían mayoría, tanto porque están desprestigiados como porque están divididos.

Simplemente aprovecharían la situación para convocar a una asamblea constituyente, con 60% de miembros de “organizaciones populares”, es decir, con esos forajidos que usualmente aparecen con Castillo en Palacio diciendo representar a ronderos, reservistas, mujeres campesinas, etc., que en realidad no son más que una turba de asalariados en busca de algún beneficio.

Si algún político o abogado cree que eso se puede impedir invocando artículos e incisos de la Constitución, o recurriendo al Tribunal Constitucional, está cayendo en el mismo necio error de la mayoría de opositores durante el último año y medio, que han tardado mucho en darse cuenta cuál es la verdadera calaña de Castillo y sus secuaces.

Solo con soluciones radicales se puede impedir que eso ocurra.

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